Exministra Buitrago Cuestiona Manejo de Parranda en Cárcel de Itagüí y Denuncia Presiones

La parranda cárcel Itagüí genera un intenso debate tras las recientes declaraciones de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien planteó serios cuestionamientos sobre su organización y desarrollo. Este evento se refiere a una fiesta vallenata realizada en el centro penitenciario de Itagüí, que ha suscitado controversia por el ingreso de elementos prohibidos y el presunto manejo irregular de internos.

Buitrago se refirió a una serie de “insistencias” para que se devolvieran elementos incautados a los reclusos tras un allanamiento en la cárcel. La exfuncionaria mencionó a la senadora Isabel Zuleta cuando se le preguntó sobre la posible interferencia de la congresista para impedir el procedimiento, aunque Buitrago aclaró que el allanamiento no había sido ordenado por ella.

¿Qué implicaciones tiene la parranda cárcel Itagüí para el sistema penitenciario?

La exministra de Justicia enfatizó que los individuos que organizaron y asistieron a la fiesta provenían de “cárceles separadas”, y su traslado para el evento se habría dado bajo una petición que, a su juicio, “no cumplía los requisitos de ley”. Adicionalmente, señaló que la solicitud para realizar la parranda cárcel Itagüí fue hecha por una persona encargada de coordinar las mesas sociojurídicas.

Este escenario, según Buitrago, es “impensable en un centro carcelario” y “absolutamente contrario a las leyes del manejo de las cárceles”. Las principales irregularidades señaladas en torno a este evento incluyen:
Insistencias para devolver elementos incautados a los internos.
Traslado de reclusos de otras cárceles sin cumplir requisitos legales.
Solicitud del evento por parte de coordinadores de mesas sociojurídicas.
Incumplimiento de las normativas carcelarias en la gestión del evento.

Denuncias de la exministra Buitrago sobre presiones en negociaciones

Además de la situación en Itagüí, Ángela María Buitrago denunció públicamente “presiones, críticas constantes y amenazas” provenientes de personas involucradas en las mesas de negociación de la política de “paz total”. Afirmó haber sido objeto de “intimidaciones a través de mensajes” que la responsabilizaban de una posible ruptura del proceso de paz, y confirmó haber recibido “comunicaciones directas” y “llamadas” con este fin.

La exministra cuestionó el uso del poder en estos contextos, señalando que “si hay una persona que ostenta el poder y utiliza el poder para hacer esta clase de cosas, también hay que ver cómo genera amenazas, constreñimientos”. Subrayó que no se deben otorgar “privilegios” indebidos por el solo hecho de estar sentado en una mesa de negociación. El presidente Gustavo Petro, en su momento, anunció el traslado de líderes criminales que organizaron el evento, y según reportes de prensa, 11 funcionarios del Inpec fueron suspendidos por el “parrandón”.

Esta situación exige un análisis riguroso dentro del debate sobre la implementación de la política de paz y el funcionamiento del sistema penitenciario en Colombia. Para más información sobre este y otros temas relevantes, consulte más noticias de Colombia.