El arresto del creador mexicano Samuel Adrián en el aeropuerto El Dorado del domingo encendió un debate que lleva años latente en Colombia: ¿deben ser los jueces o el Congreso quienes fijen las reglas sobre los procedimientos de cambio de sexo en menores de edad? Abelardo de la Espriella planteó la respuesta en términos directos: tiene que ser la ley, no la tutela.
La propuesta: legislar para sacar el debate de los juzgados
«No podemos seguir dejando estas decisiones en manos de tutelas y criterios jurisprudenciales», afirmó De la Espriella tras conocerse el arresto de Samuel Adrián. La declaración convoca al Congreso a construir un marco legal claro sobre los límites de los procedimientos de cambio de sexo en menores de edad.
La propuesta no tiene aún articulado ni proyecto de ley radicado. Pero la entrada del tema al debate parlamentario por esta vía —reacción a un hecho concreto y mediático— sí abre una ventana política. En Colombia, las iniciativas que arrancan como respuesta a una noticia a veces terminan en proyectos que recogen apoyo; otras se disuelven cuando el episodio pierde espacio en la agenda.
Lo que De la Espriella propone, en el fondo, es transformar lo que hoy se resuelve caso a caso con tutelas —con resultados distintos según el juez y la jurisdicción— en una política de Estado definida por una ley con debate democrático.
El trasfondo: Colombia y los derechos de género por vía judicial
La Corte Constitucional colombiana ha sido el principal motor de los avances en materia de identidad de género y diversidad sexual durante las últimas décadas. Desde la despenalización de la homosexualidad hasta las decisiones sobre adopción, cambio de nombre y parejas del mismo sexo, las grandes líneas las ha trazado la jurisprudencia.
Ese esquema tiene defensores y críticos. Los primeros señalan que el Congreso ha sido históricamente el espacio donde esas iniciativas se han bloqueado o diluido: la mayoría parlamentaria no habría aprobado por vía legislativa lo que la Corte reconoció por vía de derechos. Los críticos responden que la democracia representativa exige que materias tan sensibles sean decididas por quienes tienen mandato electoral, no por magistrados.
El caso Samuel Adrián agrega un elemento nuevo a esa tensión: la tutela no solo fue usada para reconocer un derecho, sino para ordenar a un ciudadano extranjero retirar contenido de una plataforma global y arrestarlo cuando no lo hizo. La herramienta funcionó en el sentido estricto, pero el alcance real de la orden —sobre un canal de YouTube y un creador con sede fuera del país— sigue sin respuesta legal clara.
¿Qué podría cambiar si el Congreso legisla?
Si el Congreso avanza en la dirección que propone De la Espriella, el debate central será sobre qué restricciones son constitucionales y cuáles no. La Corte Constitucional tiene jurisprudencia establecida sobre derechos de identidad de género que cualquier ley deberá respetar o enfrentar la inconstitucionalidad.
El escenario más probable es que cualquier proyecto de ley termine en control de constitucionalidad antes de entrar en vigor. La Corte ha trazado líneas sobre la autonomía del menor en decisiones relativas a su identidad, y una ley que las desconozca tendría difícil supervivencia jurídica. Lo que propone De la Espriella es llevar el debate al escenario donde se vota; lo que no está claro es si ese escenario produce finalmente una ley que resista la revisión constitucional.