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El incremento del salario mínimo no implica un aumento automático en el precio de la vivienda de interés social (VIS) y aunque los topes máximos de este tipo de vivienda están definidos en salarios mínimos, una parte significativa del mercado opera por debajo de esos límites: cerca del 60% de las VIS que se venden en el país se comercializan a precios inferiores al tope permitido, así lo explica Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción.
De acuerdo con el sector constructor, el efecto del alza salarial sobre los compradores depende de factores como la etapa de cada proyecto, el costo del suelo y la estructura de producción, por lo que el impacto no es uniforme ni inmediato en todo el mercado de vivienda social.
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Herrera explicó que existe una confusión extendida entre topes y precios efectivos. “El hecho de que los precios de la vivienda social estén definidos en salarios mínimos no quiere decir que todas las viviendas se vendan a esos valores”, señaló.
Según el dirigente gremial, la mayoría de los proyectos VIS se comercializa por debajo del límite legal y solo en algunas ciudades, como Bogotá o Medellín, donde el suelo es más escaso y costoso, se acercan a los topes máximos.
“El incremento del salario mínimo eleva el tope, pero eso no implica que haya un incremento automático ni inmediato en el precio de la vivienda”, afirmó. En ese sentido, indicó que el impacto varía de acuerdo con el estado del proyecto: “No es lo mismo una vivienda ya terminada o en etapa final de construcción que un proyecto que aún no ha iniciado obra”.
Desde la estructura de costos, Herrera detalló que alrededor del 25 por ciento del costo directo de construcción de una vivienda corresponde a mano de obra, en su mayoría no calificada y atada al salario mínimo. “Una gran proporción de esa mano de obra va a quedar sometida a un incremento del 23 por ciento este año, que además se va a intensificar con la reducción de la jornada laboral”, explicó.
Indicó que, según estimaciones de analistas económicos, el costo por hora de un trabajador que devenga el salario mínimo podría incrementarse entre 29 y 30 por ciento. A esto se suman los efectos indirectos sobre los insumos. “La construcción adquiere productos de más de 30 sectores industriales, como cemento, acero, ladrillos o aparatos sanitarios, muchos de ellos también intensivos en mano de obra”, dijo.
Como resultado, el presidente de Camacol señaló que “los costos directos de la vivienda podrían incrementarse entre 10 y 15 por ciento”, lo que obliga a revisar la viabilidad económica de proyectos que aún no han arrancado.
“Eso va a tener impacto sobre la oferta futura, porque muchos proyectos tendrán que reevaluarse bajo estas nuevas condiciones de costo”, agregó.
Los compradores de VIS en ciudades como Bogotá o Medellín tienen precios más cerca al tope. Foto:iStock
Para los compradores, el principal efecto no proviene de un alza inmediata de precios, sino de la reducción de la oferta y de la menor eficacia de los subsidios. Herrera explicó que estos apoyos también se definen en salarios mínimos, por lo que, con un mínimo más alto, “los mismos recursos alcanzan para menos hogares”.
“Con este incremento, las políticas de subsidio de ciudades como Bogotá, Medellín o Barranquilla pierden capacidad de cobertura”, señaló, al advertir que esto dificulta el cierre financiero de los hogares que buscan adquirir vivienda social.
El dirigente recordó que en 2025 se iniciaron cerca de 110.000 viviendas en el país, frente a la formación anual de aproximadamente 370.000 nuevos hogares urbanos. “Cuando no hay suficiente oferta formal, los hogares más vulnerables terminan empujados a la informalidad”, afirmó.
De otro lado, Herrera subrayó que el sector constructor está evaluando caso por caso. “Lo hemos discutido al interior de la Junta de Camacol con todos sus integrantes y hay un gran compromiso del sector en revisar el caso de cada uno, frente a los retos que imponen los costos y las condiciones de las familias para la adquisición de su vivienda”, apuntó
obras en Cielo Mar Foto:John Montaño/ EL TIEMPO
Finalmente el directivo gremial señaló que, pese a los anuncios del Ministerio de Hacienda sobre la necesidad de diálogo, hasta el momento no se ha concretado una reunión técnica entre el Gobierno y el sector constructor.
Indicó que desde Camacol no han recibido una convocatoria formal y que no perciben una disposición clara para abrir un debate técnico sobre los efectos del incremento del salario mínimo en la vivienda social. En ese contexto, afirmó que “el Gobierno es el que estaba llamado a actuar con moderación y responsabilidad al decretar el incremento del salario mínimo”, al tratarse de una decisión con impactos amplios sobre precios, costos, empleo y acceso a vivienda.
Ante ese escenario, Herrera explicó que el sector ya trabaja en una agenda de propuestas dirigida al próximo Gobierno, en coordinación con Asobancaria y Asocajas, con el objetivo de recuperar la inversión y la compra de vivienda, especialmente de interés social.
Entre las líneas de trabajo mencionó la reactivación de programas de subsidio como Mi Casa Ya, incentivos para la clase media y los hogares jóvenes, el desarrollo de esquemas de arrendamiento especializado, la atracción de inversión de colombianos en el exterior y extranjeros, y la necesidad de planear una oferta suficiente para responder a la formación de nuevos hogares y a la demanda estimada de cerca de cuatro millones de viviendas en la próxima década.
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