Colombia
Armando Benedetti seguirá libre mientras avanza investigación por compra de mansión en Puerto Colombia: esto dijo la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió no aplicar una medida de aseguramiento de detención preventiva contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, en relación con el proceso en su contra por presunto enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos vinculado a la compra de una mansión en la urbanización Pradomar, en Puerto Colombia.
La resolución, emitida por el magistrado César Reyes en un auto fechado el 4 de diciembre, se basa en la falta de los requisitos constitucionales y probatorios necesarios para restringir la libertad del funcionario público.
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El tribunal determinó que la investigación ha progresado sin poner en riesgo la administración de justicia, y no existe peligro de obstrucción por parte del ministro, informó el diario El Tiempo.
La Sala de Instrucción señaló que la actividad probatoria se ha ejecutado sin obstáculos, debido a que se basa fundamentalmente en información de entidades públicas y registros oficiales.
Esto asegura la preservación del material probatorio y hace innecesaria, por ahora, una medida privativa de libertad. El auto indica que “el material probatorio actual permite avanzar en la investigación sin que se vislumbre riesgo de afectar los objetivos del proceso”.
La Corte resaltó que esta decisión no implica una absolución ni el cierre definitivo del caso, sino un pronunciamiento puntual sobre la improcedencia de la medida de aseguramiento en esta fase procesal.
El expediente analiza el patrimonio de Benedetti durante su gestión como parlamentario hasta 2018, aunque la investigación se ha extendido hasta septiembre de 2024 debido a la compra de la vivienda en Pradomar, adquirida en octubre de 2020 a nombre de su esposa, Adelina Guerrero Covo.
La Sala recordó que el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público no puede desglosarse, dado que Benedetti mantuvo su cargo de servidor público entre 2002 y 2022, lo que justifica la supervisión patrimonial incluso dentro de los cinco años posteriores a su salida del cargo.
El auto sostiene que “no se puede separar el actuar del investigado, dado que su condición de servidor público se mantuvo constante (…) permitiendo también el escrutinio patrimonial en los cinco años posteriores a su desvinculación, lo que no concede lugar a rupturas procesales ni al adelanto de investigaciones paralelas con el mismo objetivo”.
La defensa de Benedetti consideró la decisión como un punto importante para los demás casos en su contra, especialmente por la aplicación del principio de non bis in idem, que prohíbe juzgar a una persona más de una vez por los mismos hechos.
Sin embargo, otros casos legales contra el ministro siguen activos. Paralelamente, la magistrada Cristina Lombana sostiene otro expediente por presunto cohecho y enriquecimiento ilícito, dentro del cual ordenó el allanamiento de la propiedad de Benedetti en el sector Lagos de Caujaral, en Barranquilla.
El 17 de noviembre, Benedetti amplió una denuncia contra Lombana ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pidiendo su suspensión por supuesta extralimitación de funciones, lo que añade un nuevo capítulo a la controversia jurídica que envuelve al ministro.
El asunto de la mansión de Pradomar ha sido objeto de investigaciones periodísticas que revelaron que los 3.600 millones de pesos destinados a la compra provienen de dos empresas conectadas a la Organización Simetric, un conglomerado con el que Euclides Torres habría manipulado el negocio del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov), según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Benedetti declaró en 2021 ante la Corte que los fondos provenían de D.J.M. Luces S.A. y Seguridad Tecnológica Progresiva S.A.S. (ET Progresiva), ambas parte de dicho conglomerado. De acuerdo con Cuestión Pública, ET Progresiva contribuyó con el 58 % del préstamo, mientras que D.J.M. aportó el 42 %.
La escritura pública de la compra, fechada el 9 de octubre de 2020, indica que la casa se registró por 1.500 millones de pesos, a pesar de que el préstamo alcanzó los 3.600 millones, una discrepancia que aún no ha sido aclarada. La propiedad quedó en nombre de la esposa del ministro, Adelina Guerrero Covo.
Benedetti rechazó las afirmaciones sobre el origen del dinero y aseguró que el pago del préstamo “está en proceso”. No obstante, expertos en anticorrupción, como Camilo Enciso, destacaron al medio Cambio que Benedetti no reportó este crédito en sus seis declaraciones de patrimonio y conflictos de interés entre 2022 y 2025, argumentando que el préstamo estaba a nombre de su cónyuge.
