Colombia
así se escribió la cronología del fallido traslado de cabecillas en medio del proceso de paz urbana en Barranquilla
Entre el 10 y 11 de enero de 2026, el Ministerio de Justicia (e), en cabeza de Andrés Idárraga, empezó a moverse y confirmar que firmaría la solicitud para trasladar a Barranquilla a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor (cabecilla de Los Costeños) ya Digno Palomino (cabecilla de Los Pepes) en un movimiento “estrictamente vigilado”, como parte de la estrategia de paz urbana y para sostener la tregua pactada entre esas estructuras. Aclaró que a donde iban era a otro centro de reclusión, “no a un hotel”.
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Horas después, se incluyó también a Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias El Negro Ober (vértice de los Rastrojos Costeños) en el paquete de traslados previstos antes del 20 de enero, fecha de vencimiento de la tregua. La Alcaldía de Barranquilla reaccionó con sorpresaalegando falta de coordinación y riesgos que podrían convertir a las cárceles locales en centros de mando criminal. La controversia escaló a la ONU choque politico abierto entre el alcalde Alejandro Char y el Gobierno nacional, que defendía su decisión alegando que, estadísticamente, estaba sustentado.
El presidente Gustavo Petro salió al cruce de las críticas del alcalde Alejandro Char con un mensaje contundente: su gobierno había logrado “bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad” gracias al proceso de paz entre bandas que, hasta hace poco, desangraban la ciudad. Con esa afirmación, el mandatario no solo defendió la estrategia de paz urbana, sino que la presentó como el argumento central para justificar el traslado de los cabecillas a las cárceles del Atlántico.
El 12 de enero, en medio de la presión de autoridades locales, gremios y opinión pública, las autoridades suspendieron temporalmente los traslados hasta garantizar una articulación real con Inpec, Policía y autoridades territoriales. Ese mismo día se conoció además que Digno Palomino no sería trasladado, decisión ratificada por el facilitador Camilo Pineda, mientras que persistían señalamientos sobre la conveniencia y el marco legal de mover a cabecillas a prisiones del Atlántico. El 13 de enero, el ministro reiteró en X que, “por ahora”, todo quedaba en pausa.
Las promesas y realidades: mesas, compromisos y advertencias
Alias ’Negro Ober’, cabecilla de los Rastrojos Costeños, un grupo de crimen organizado. Foto:suministrado
Un antecedente clave ocurrió el 7 de noviembre de 2025, cuando este proceso quedó planteado como “dilema penitenciario”: llevar a cabecillas de alta seguridad a cárceles de mediana seguridad (La Modelo y El Bosque) requería filtros técnicos y análisis de riesgos. El delegado de la Consejería Comisionada de Paz, Camilo Pineda Serje, insistió entonces en que la decisión no estaba tomada y que cualquier traslado debía revisar la convivencia carcelaria y potenciales conflictos internos. En paralelo, se subrayaron compromisos como proteger a niños y adolescentes del reclutamiento y alejar el gasto de drogas de entornos escolares.
La Defensoría del Pueblo ya advertía desde entonces una alerta que hoy cobra vigencia: pidió al Gobierno “claridades” sobre el alcance real de la tregua entre Los Costeños y Los Pepes. La preocupación central era que el proceso no se convertirá en un simple pacto de conveniencia para redistribuir economías ilícitasdisfrazado de paz urbana. En palabras de la defensora Iris Marín Ortiz, el organismo reconocía que había señales positivas como la reducción parcial de hechos de violencia letal, pero advertía que sin reglas claras y mecanismos verificables, el riesgo era que los acuerdos quedaran en “espejismos” y treguas frágiles que no atacan las violencias estructurales ni desmontan las rentas criminales que sostienen el conflicto urbano.
Semanas antes, entre el 9 y 11 de octubre de 2025, se realizó mesas de trabajo en el Hotel El Prado con presencia de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, alcaldías del área metropolitana, policía, academia, gremios y víctimas; allí el traslado ya se debatía como punto sensato y se reportaron alarmas por extorsión, el delito que más golpea a comerciantes y transportadores en la ciudad.
Las cifras en contraste con la narrativa.
Mes a mes, el comportamiento de los homicidios fue ascendente durante la tregua. Foto:Alcaldía
Mientras el presidente Gustavo Petro defendió en redes que su gobierno bajó a la mitad la tasa de homicidios en Barranquilla gracias a la tregua ya los acercamientos con estas estructuras, las cifras oficiales locales trazan otra película. De acuerdo con datos manejados por Alcaldía de Barranquilla y Policía Metropolitana, desde el 23 de agosto de 2025 (anuncio de la “tregua”) hasta el 11 de enero de 2026 se registraron 145 homicidios, de los cuales 113 (cerca del 78 %) fueron por sicariato.
Mes a mes, el comportamiento fue ascendente: 22 en septiembre, 38 en diciembre; y entre el 1 y el 11 de enero de 2026 hubo 16 homicidios, 12 por sicariato (75 %). Además, Durante la tregua ocurrieron dos masacres que sacudieron la ciudad.: el 1 de octubre en Pinar del Río y el 12 de noviembre en Villas de la Cordialidad.
En el balance anual de 2025, Barranquilla cerró con 428 homicidios frente a 493 en 2024 (un 13,2 % menos). Por modalidad: sicariato 79,7 %, riña 12,9 %, atraco 3,3 % y linchamiento 0,9 %. El 80 %, según las autoridades locales, se asocia a la disputa entre Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo. Los barrios Rebolo (34) y El Bosque (31) concentraron un 15,2 % del total.
En términos técnicos, una caída anual del 13,2 % no equivale a “reducir a la mitad” la tasani tampoco refleja un desescalamiento sostenido del sicariato, que siguió siendo el mecanismo predominante de ajuste criminal. El experto en seguridad Janiel Melamedacadémico de la Universidad del Norte, respondió así a la afirmación presidencial:
“No manipule las cifras a su alojamiento para vender humo con la ‘paz total’. Ninguna tasa de homicidios se reduce a la mitad en Barranquilla. Según el cruce de estadísticas de la Policía Nacional y el DANE, en 2025, con 425 homicidios, la tasa por cada 100.000 habitantes fue de 32. En 2024, con 493 homicidios, la tasa fue 37. Hay una reducción multicausal de 5 puntos, que no es atribuible solamente a su gobierno. Si todo es producto de su maravillosa gestión, háblenos de la tasa de homicidios del departamento del Atlántico entonces, presidente Gustavo Petro. En 2025, los homicidios aumentaron un 65 % (129 en total, 51 casos más que en 2024). ¿Acaso las estructuras criminales no operan en los 18 municipios restantes bajo jurisdicción de la Policía del Atlántico y la Gobernación del Atlántico?“
Gustavo Petro y Alejandro Char siempre han estado contrarios en el proceso de paz urbana local. Foto:archivo
Más allá de la cifra puntual, el punto analítico es inequívoco: no hubo una reducción “a la mitad” y si quisiera atribuirse una mejora parcial de la situación de seguridad en la ciudad, tendrá que aclararse que se debe a múltiples factores que no solo pasan por una total virtud del gobierno nacional.
Con los traslados suspendidos, el Gobierno insiste en que cualquier movimiento deberá coordinarse real con Inpec, Policía y autoridades locales. Mientras tanto, Los analistas cuestionan que todo se haga en el año electoral.sin un marco jurídico claro para un eventual sometimiento o diálogo sociojurídico y con opacidad sobre protocolos penitenciarios para evitar que las cárceles se conviertan en plataformas de mando.
La Procuraduría anunció que hará acompañamiento y seguimiento, en respuesta al llamado del Distrito y la Gobernación. Las voces académicas plantean preguntas de fondo: ¿Cómo blindar El Bosque y La Modelo de capturas de poder interno?¿Qué rol real tendrán víctimas y sociedad civil?, ¿Cómo evitar impactos en dinámicas político‑electorales?¿Qué hoja de ruta verificable sustenta la “paz urbana” más allá de treguas frágiles?
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Los hechos verificables son 145 homicidios durante la tregua, con dos masacres en ese lapso y una subida mensual hasta diciembre, datos que contrastan con la afirmación de letalidad reducida “a la mitad”. Lo que sí existe es una reducción anual de 2025, pero que no sostiene una narrativa absolutista, ya que es multicausal y convive con altos niveles de sicariato que siguen preocupando a la ciudadanía, principal interesada en que esas cifras positivas de la tregua sean plenamente verdad.
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