Ataque con explosivos contra batallón en Ocaña deja cuatro heridos y revive alertas por violencia en Catatumbo

Un ataque con explosivos tuvo lugar en la noche del viernes 6 de febrero contra el Batallón de Infantería No. 15, General Francisco de Paula Santander, en el municipio de Ocaña, del departamento de Norte de Santander.

Este acto violento resultó en cuatro heridos, una persona detenida y afectaciones en el suministro eléctrico en gran parte del área urbana.

Según información difundida por Caracol Radio, los explosivos fueron lanzados desde una volqueta situada a poca distancia de las instalaciones militares.

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El vehículo involucrado fue encontrado en una vía que lleva hacia el corregimiento de La Ermita, aproximadamente un kilómetro del batallón, de donde se habría llevado a cabo el ataque.

Las autoridades confirmaron que el ataque se produjo cerca de la medianoche, momento en el cual se activaron protocolos de seguridad en la unidad militar y en los alrededores de Ocaña. Posteriormente, se realizó un operativo conjunto con el Ejército Nacional, la Policía y otros cuerpos de seguridad para asegurar la región y prevenir nuevas ofensivas.

Como resultado del ataque, cuatro personas sufrieron lesiones y fueron trasladadas de urgencia al hospital Emiro Quintero Cañizares para recibir tratamiento. Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la gravedad de sus heridas ni la identidad de los afectados.

Las autoridades también informaron sobre la captura de un supuesto autor del ataque violento, pero su identidad no ha sido divulgada mientras se llevan a cabo las investigaciones judiciales y de inteligencia para determinar su posible conexión con grupos armados ilegales en la zona.

Además de los daños directos del ataque, una gran parte del área urbana de Ocaña quedó sin suministro eléctrico, lo que impactó temporalmente en hogares, comercios y organismos públicos. Equipos técnicos estaban en el lugar para restablecer el servicio mientras se inspeccionaban posibles daños en la infraestructura eléctrica.

Frente a estos eventos, las autoridades locales decretaron alerta máxima en Ocaña y ordenaron el refuerzo de la seguridad en lugares estratégicos. Se intensificaron los patrullajes y controles en las vías de acceso, en colaboración con las fuerzas militares y policiales.

Este ataque se suma a una serie de episodios recientes de violencia en Norte de Santander, una región que ha enfrentado una complicada situación de orden público, especialmente en el Catatumbo. Según reportes anteriores de Caracol Radio, el 16 de enero de 2026 se produjo un ataque similar contra las fuerzas del orden en el municipio de Tibú.

En aquella ocasión, miembros del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 fueron atacados con explosivos lanzados desde drones mientras realizaban operaciones militares en la vereda Palmeras. De acuerdo con un comunicado oficial del Ejército Nacional, este ataque fue atribuido a integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del ELN.

El ataque en Tibú resultó en la muerte del soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, originario de Palmira, Valle del Cauca, y dejó cuatro militares heridos, entre los que se encontraban dos suboficiales y dos soldados, quienes fueron trasladados a hospitales en Cúcuta para recibir atención.

Las autoridades indicaron que este evento ocurrió al mismo tiempo que enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC en el corregimiento Filo el Gringo, en la zona rural del municipio de El Tarra. Residentes del área denunciaron ataques con drones y disparos de fusil durante los enfrentamientos.

Informes previos señalaron que Filo el Gringo había sido escenario de incursiones y combates en la última semana de 2025, lo que llevó al desplazamiento de más de 2.000 personas que huyeron de sus hogares por razones de seguridad.

Las autoridades siguen investigando la relación entre estos incidentes y la dinámica del conflicto armado en la región. Mientras tanto, continúan los operativos de control y vigilancia en Ocaña y otros municipios de Norte de Santander, con el fin de prevenir nuevas acciones violentas y garantizar la seguridad tanto de la población civil como de las fuerzas de seguridad.