[ad_1]
El panorama del orden público en Antioquia durante este año revela un escenario de contrastes, marcado por un recrudecimiento de la violencia letal en zonas rurales y una contención relativa en los centros urbanos.
Según el informe anual del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el territorio antioqueño ha sido escenario de dinámicas armadas que desafiaban la seguridad ciudadana y la integridad de las comunidades más vulnerables.
Las cifras presentadas por el organismo, con corte a noviembre, exponen una realidad preocupante en la que las masacres y los homicidios selectivos continúan siendo el principal instrumento de control territorial por parte de los grupos armados ilegales que operan en las subregiones.
Masacres
Levantamiento de cuerpos Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE. Autor: JUAN PABLO RUEDA
En lo que respeta a la violencia colectiva, Antioquia registró hasta ese mes del 2025 un total de 12 masacres que cobraron la vida de 40 personas en diferentes puntos.
Este dato representa un incremento en comparación con el año anterior, cuando se documentaron 10 eventos de este tipo, lo que evidencia una tendencia ascendente en la sevicia de los ataques dirigidos contra la población civil.
Esta cifra departamental representa cerca del 17% tanto del total de masacres (73) como del total de víctimas (240) a nivel nacional.
Las comunidades rurales son las más afectadas Foto:Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO
El reporte del IPC revela, además, que el Suroeste concentra el mayor número de víctimas durante las cuatro masacres registradas, con 15 personas asesinadas en municipios como Urrao, Andes, Betulia y Santa Bárbara, convirtiéndose en el principal foco de atención por la magnitud de las pérdidas humanas. Le sigue el Oriente antioqueño, con tres masacres registradas en los municipios de El Carmen de Viboral (2) y La Unión (1).
Estas masacres no son hechos aislados, sino que responden a una estrategia de terror implementada por actores como el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), o el ‘Clan del Golfo’; el Ejército de Liberación Nacional (ELN); y las disidencias de los frentes 18, 34 y 36 de las antiguas Farc, quienes se disputan corredores estratégicos para las economías ilícitas.
Homicidios
De otro lado, el análisis de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ofrece una visión técnica de la gravedad de la situación.
El crimen ocurrio en zona rural. Foto:Archivo EL TIEMPO
De acuerdo con la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), el comportamiento general de los homicidios en Antioquia entre 2024 y 2025 muestra que cada día ocurre en el departamento cerca de cuatro muertes violentas.
“Aunque el total departamental pasa de 1.451 a 1.519 homicidios, lo que implica un aumento del 5%, el dato global esconde transformaciones territoriales de alto impacto. Son 50 municipios en los que los homicidios vienen en aumento; eso equivale a que cerca del 40 % del departamento esté en alerta máxima”, informó la entidad.
Al cierre de octubre de 2025, la tasa departamental se situó en 43,63, una cifra que refleja la persistencia de niveles de violencia letal significativas, a pesar de los esfuerzos institucionales.
Homicidio en Antioquia Foto:Archivo EL TIEMPO
Sin embargo, el desglose subregional muestra realidades muy diversas. El Norte de Antioquia se consolida como una de las zonas más críticas, con una tasa de homicidios de 51,6 por cada 100.000 habitantes. Aunque este valor es menor al pico histórico de 80,6 registrado en 2022 y al 53 reportado en 2024, la región sigue bajo una presión armada constante por el control del Nudo de Paramillo.
Por otro lado, la subregión del Suroeste mostró una ligera mejoría al registrar una tasa de 43,7 en 2025, frente al 48,2 del año inmediatamente anterior, aunque el control social ejercido por grupos criminales sigue siendo una constante en municipios cafeteros.
LEA TAMBIÉN
Además, en octubre de 2025, 13 municipios de Antioquia se encuentran en un nivel crítico de homicidios, superando la tasa promedio de 25,4 % de 2024, al registrar más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Estos son: San Andrés de Cuerquia, Betulia, Anorí, Hispania, Briceño, Betania, Yondó, Toledo, Andes, Remedios, Ciudad Bolívar, Amalfi y Valdivia.
“Este panorama configura el núcleo del riesgo estructural: la presencia simultánea de múltiples actores incrementa la probabilidad de confrontaciones, regula la vida comunitaria y reduce la capacidad del Estado para ejercer un control efectivo y sostenido sobre el territorio”, indicó Corpades en su informe.
En Medellín
Medellín se posiciona como uno de los destinos turísticos favoritos para extranjeros en 2025. Foto:cortesia
En marcado contraste con la situación rural, la ciudad de Medellín logró consolidar una reducción sostenida en sus índices de violencia letal. La capital antioqueña cerró el período con una tasa de 10,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que representa un descenso significativo frente al 13,6 registrado en mediciones previas.
Corpades indicó que esta disminución se da en un contexto de reconfiguración de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) en el Valle de Aburrá, donde estructuras como El Mesa, La Terraza, Los Chatas, Los Pachelly y Los Triana mantienen pactos de no agresión o controles invisibles que han impactado las cifras de muertes violentas, aunque no necesariamente otros delitos como la extorsión o el hurto.
Desplazamiento
Desplazamiento forzado Foto:cortesia
La crisis humanitaria en el departamento también se mide a través del desplazamiento y el confinamiento de comunidades enteras. Durante 2025, se documentaron 14 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 3.811 personas, una cifra que, si bien es menor a los 7.663 afectados en 14 eventos durante 2024, sigue evidenciando la fragilidad de la vida en el campo.
Paralelamente, el fenómeno del confinamiento ha mostrado una dinámica preocupante, con nueve eventos registrados que mantuvieron bajo restricción de movilidad a 4.789 personas. La población más impactada por estas dinámicas son los pueblos indígenas y las mujeres, quienes enfrentan barreras adicionales para acceder a protección y justicia en medio de los enfrentamientos por el control de zonas mineras y rutas de narcotráfico.
oro Foto:iStock
Uno de los motores principales de esta violencia es la economía del oro, cuyo precio ha experimentado un crecimiento exponencial del 195 %. entre 2020 y 2025, alcanzando un valor de $404.822. Este incentivo económico ha intensificado las disputas en el Nordeste y el Bajo Cauca, donde la minería ilegal financia el aparato bélico de los grupos armados.
En este entorno de alta rentabilidad criminal, la defensa de los derechos humanos se ha convertido en una labor de alto riesgo; En 2025 fueron asesinados 17 líderes y líderes sociales en el departamento.
El Norte de Antioquia concentró la mayor letalidad, con siete casos en municipios como Toledo, Valdivia e Ituango, seguido por el Nordeste y el Valle de Aburrá, con cinco asesinatos cada uno, configurando un equilibrio desolador para la participación social y la democracia local.
ALEJANDRO MERCADO – @AlejoMercado10
Periodista de Nación
Medellín
[ad_2]
