Caso de Julián Bedoya, acusado de irregularidades en su grado, estaría en riesgo de preescribir, según advertencia de la Universidad de Medellín

El caso penal por presuntas irregularidades relacionadas con el título de abogado del exsenador antioqueño Julián Bedoya enfrenta un nuevo riesgo de prescripción. Así lo mencionó el jueves 29 de enero la Universidad de Medellín, que, al ser reconocida como víctima en este proceso, envió una comunicación al Tribunal Superior de Bogotá alertando sobre la posibilidad de que el delito de fraude procesal quedara sin sanción debido a los retrasos judiciales, generando potencial controversia.

Según El Colombiano, el centro educativo remitió un comunicado al tribunal, dirigido específicamente al magistrado Javier Armando Fletcher, expresando su preocupación por la demora del proceso en contra de Bedoya, excongresista del Partido Liberal. De acuerdo con el abogado de la institución, Juan Camilo Bolaños, el asunto ha estado en el despacho del magistrado desde julio de 2025 sin avances significativos, existiendo así un alto riesgo de prescripción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El 31 de julio de 2025 se radicó el proceso en la Secretaría del Tribunal, siendo asignado ese mismo día al despacho del H. Magistrado Javier Armando Fletshcer Plazas. Desde entonces, el asunto ha permanecido allí, aumentando el riesgo inminente de prescripción de la acción penal respecto a ciertos delitos”, se indicó en el comunicado firmado por la representación legal de la universidad.

Según los cálculos expuestos en la comunicación, el delito de fraude procesal podría prescribir a partir del 2 de julio de 2026, lo que dejaría sin justicia una investigación que involucra a directivos, entes de control y al propio exsenador. Cabe señalar que la controversia se originó en 2019, cuando el entonces legislador obtuvo su título de abogado en la Universidad de Medellín de manera inusualmente rápida.

Después de varios años de inactividad, el excongresista cumplió con los requisitos faltantes, como los exámenes preparatorios, la suficiencia en inglés y su trabajo de grado, en solo cuatro meses. Se evidenció, entre otras cosas gracias a la denuncia de la actual representante a la Cámara Catherine Juvinao, que llegó a presentar hasta tres exámenes preparatorios en un día, lo que la institución consideró poco convencional en el ámbito académico.

Ante esto, la universidad anuló el título administrativamente en 2021 tras detectar irregularidades en el proceso de reingreso y validación. Además, el Consejo de Estado suspendió en marzo de 2025 la validez del título y de la tarjeta profesional de Bedoya mediante medidas cautelares mientras se resuelve la demanda por presunto fraude; la cual, según el centro educativo, “duerme el sueño de los justos” en el despacho del magistrado Fletshcer Plazas.

Este caso no solo ha repercutido en el ámbito académico. Néstor Hincapié, exrector de la universidad, fue condenado a 70 meses de prisión por su involucramiento en las irregularidades que facilitaron el grado de Bedoya; al mismo tiempo, la Procuraduría General de la Nación sancionó al exsenador en enero de 2024, imponiéndole una suspensión de 10 meses y una inhabilidad para desempeñar cargos públicos, ya que habría utilizado su posición para obtener beneficios académicos.

Ante todo esto, Bedoya ha rechazado las acusaciones y defendido que adquirió su título conforme a los parámetros de la autonomía universitaria. En repetidas ocasiones ha calificado este proceso como una “persecución política” destinada a perjudicar su carrera y el control de la universidad; mientras que su defensa sostiene que tanto el proceso disciplinario como el penal están condicionados por intereses externos; una argumentación que ha reiterado en diversas instancias judiciales.