Es oficial: Gobierno Petro decreta emergencia económica por 30 días tras caída de la reforma tributaria

El presidente Gustavo Petro ha declarado oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el país tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso. La formalización de esta decisión se realizó mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, un documento de 20 páginas firmado por el presidente y su gabinete, que indica que el país enfrenta una “situación grave e inminente” que pone en riesgo la estabilidad fiscal y los derechos fundamentales.

Esta declaratoria, que tendrá una duración inicial de 30 días, permitirá al Gobierno emitir decretos legislativos con fuerza de ley, especialmente en temas tributarios, para abordar el déficit fiscal resultante de la no aprobación de la reforma tributaria, la cual tenía como objetivo recaudar $16.3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.

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En el decreto, el Gobierno sostiene que el país enfrenta una crisis que supera los niveles normales de gestión fiscal. Un apartado central del documento señala que el Estado se encuentra en “incapacidad de garantizar el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”, en virtud de una situación fiscal que se ha tornado “grave”.

El Ejecutivo plantea que la no aprobación de la reforma tributaria es un síntoma de un problema mayor, una acumulación de presiones financieras que se han intensificado en años recientes, especialmente por la existencia de gastos rígidos y obligaciones que no se pueden recortar sin impactar a la población directamente.

Uno de los puntos clave del decreto es la mención directa al fracaso de dos reformas tributarias sucesivas, ambas promovidas por el actual Gobierno. La primera buscaba recaudar alrededor de $12 billones, mientras que la más reciente tenía como meta alcanzar $16.3 billones, recursos considerados esenciales para garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.

El Gobierno indica que la falta de ingresos legislativos ha intensificado el desbalance fiscal, lo que ha obligado a las autoridades a recurrir a mecanismos excepcionales permitidos por la Constitución.

El Decreto 1390 especifica los factores que, según el Gobierno, llevaron a esta declaratoria de emergencia económica. Entre los más destacados están:

• El costo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, que representa una gran presión sobre el gasto público.
• El deterioro del orden público y los riesgos para líderes sociales, que exigen más recursos en seguridad y defensa.
• Los efectos de la ola invernal, que han causado emergencias humanitarias y costos adicionales en atención.
• Los subsidios a la energía, sobre todo en regiones vulnerables.
• Sentencias judiciales pendientes por $1.5 billones, que deben ser atendidas obligatoriamente.
• Obligaciones contractuales vencidas por $5.1 billones y deudas con víctimas del conflicto armado por $1.6 billones.
• Restricciones en el endeudamiento público, como resultado de la regla fiscal.
• Limitaciones en la caja de la Tesorería, que afectan el flujo normal de pagos del Estado.

Para el Gobierno, este conjunto de factores configura una situación excepcional que no puede resolverse con los métodos presupuestarios ordinarios.

Con la declaratoria en funcionamiento, el Ejecutivo está autorizado a emitir decretos legislativos “necesarios para conjurar la crisis y prevenir la extensión de sus efectos”, de acuerdo con lo estipulado en el decreto.

Aunque el documento no detalla explícitamente cada medida tributaria a adoptar, sí establece los principios generales que guiarán las decisiones del Gobierno. Entre ellos, se busca priorizar la adopción de impuestos directos e indirectos dirigidos a personas naturals y jurídicas con mayor capacidad contributiva, así como gravámenes orientados a corregir externalidades negativas en el ámbito ambiental y de salud pública.

El decreto anticipa que se examinarán ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA), especialmente en relación con tarifas diferenciales y tratamientos especiales respecto a la tarifa general del 19%. Esto podría implicar incrementos del impuesto en ciertos bienes y servicios.

Asimismo, el Gobierno propone la creación de un impuesto sobre el patrimonio de personas naturales con un enfoque más progresivo, un aumento en la tributación del sector financiero y el refuerzo de los impuestos saludables, que afectan el consumo de bebidas alcohólicas y productos como los vaporeadores.

Aunque se había filtrado un borrador previo que mencionaba posibles medidas como elevar el 4×1.000 al 5×1.000, aplicar IVA a licores, cigarrillos y apuestas en línea, o establecer un impuesto sobre la extracción de combustibles fósiles, el Decreto 1390 no menciona ninguna de estas acciones de forma explícita. Su eventual implementación dependerá de los decretos legislativos que se expidan durante esta etapa de emergencia.

El decreto también indica que se convocará al Congreso de la República para ejercer control político sobre las normas emitidas al término del estado de emergencia. Todas las medidas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su constitucionalidad.

Aunque gran parte de la Rama Judicial está en periodo de vacancia por el fin de año, el alto tribunal podría convocar sesiones extraordinarias, como ha sucedido anteriormente, para evaluar la legalidad de la declaratoria.

Con esta decisión, el Gobierno de Petro abre un nuevo panorama de debate político, económico y jurídico, mientras se implementan medidas excepcionales para afrontar una crisis fiscal que, según el Ejecutivo, pone en riesgo derechos fundamentales y servicios esenciales si no se actúa de inmediato.