Las lluvias intensas que golpearon a Córdoba a comienzos de febrero no solo desbordaron ríos, quebradas y sistemas de drenaje. También reactivaron una discusión que, para muchas comunidades ribereñas, nunca se cerró: qué papel juega la hidroeléctrica Urrá en las crecientes del río Sinú y en la magnitud de las inundaciones aguas abajo.
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Municipios como Cereté, Lorica, San Pelayo y Tierralta amanecieron bajo el agua tras horas continuas de lluvia. En varios corregimientos, el crecimiento fue tan rápido que no dio margen para evacuar. “Nunca habíamos visto que el río subiera así, tan de golpe.”, relata María del Carmen Pérez, habitante de la zona baja de Lorica, hoy refugiada en un colegio.
aunque no existe hasta ahora un pronunciamiento oficial que atribuya responsabilidad directa a Urrá, la percepción de las comunidades ha puesto nuevamente a la represa en el centro del debate público.
Lluvias extremas y un sistema al límite
Habitantes de zonas ribereñas evacuaron con lo poco que pudieron rescatar. Foto:Gobernación de Córdoba
Los informes hidrometeorológicos indican que Córdoba enfrentó precipitaciones muy por encima del promedio histórico, asociadas a un frente frío que intensificaron las lluvias en la cuenca alta y media del Sinú. Ese volumen extraordinario de agua elevó rápidamente los aportes al embalse de Urrá I.
Ante este escenario, declaró la hidroeléctrica Alerta Roja Operativa y activó vertimientos controlados por el vertedero, una medida contemplada para evitar que el nivel del embalse comprometa la seguridad de la presa. Desde el punto de vista técnico, ingenieros y expertos coinciden en que no liberar agua habría supuesto un riesgo mayor.
Sin embargo, el debate no se centra únicamente en la necesidad del vertimiento, sino en la forma como se gestionó el riesgo aguas abajo, especialmente en términos de comunicación y preparación comunitaria.
Comunidades que reclaman alertas y prevención
Las lluvias saturaron la cuenca del Sinú y reactivaron el debate sobre la operación de Urrá. Foto:Gobernación de Córdoba
Para quienes viven a orillas del Sinú, la discusión técnica resulta distante frente a la urgencia cotidiana. “No estamos diciendo que Urrá controle la lluvia, pero sí que alguien debería avisarnos mejor.”, afirma un líder comunitario de San Pelayo en diálogo con EL TIEMPO. “Cuando llegó la alerta, ya el agua estaba dentro de las casas”.
En varios municipios, los habitantes aseguran que la información fue confusa, tardía o insuficiente, y que los protocolos de evacuación no lograrán activarse a tiempo. Esta situación, señalan organizaciones sociales, evidencia una debilidad estructural en los sistemas de alerta temprana, especialmente en zonas históricamente inundables.
La sensación compartida es que, aun cuando las decisiones técnicas hayan sido correctas, el impacto social pudo haberse reducido con una articulación más efectiva entre la empresa, las autoridades locales y las comunidades.
Qué dicen los expertos: una mirada más amplia
Comunidades afectadas reclaman alertas tempranas más oportunas. Foto:Gobernación de Córdoba
Especialistas en gestión del riesgo y recursos hídricos consultados por EL TIEMPO, advierten que el análisis no debe centrarse únicamente en la represa. “El problema es sistémico”, explica un hidrólogo consultado. “Las lluvias extremas, la sedimentación del río, la ocupación de zonas de alto riesgo y la falta de obras de mitigación crean un escenario donde cualquier descarga, natural o controlada, tiene efectos graves”.
La sedimentación del río Sinú, asociada a deforestación y minería ilegal en la cuenca, ha reducido su capacidad hidráulica. Esto hace que el agua fluya con mayor dificultad y se desborde con más facilidad, incluso sin intervención humana directa.
Desde esta perspectiva, Urrá sería un factor dentro de un sistema ambiental y territorial colapsado, no la causa única de la emergencia.
Autoridades bajo presión y revisión en marcha
Autoridades adelantan revisiones técnicas para determinar si hubo fallas en la gestión del riesgo. Foto:Gobernación de Córdoba
La discusión escaló a nivel nacional luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara revisar el papel de las hidroeléctricas en las inundaciones del Caribe. En respuesta, la Superintendencia de Servicios Públicos inició una inspección a Urrá para evaluar su operación durante la emergencia.
Las autoridades revisan niveles del embalse, tiempos de descarga, protocolos de alerta y coordinación con los entes territoriales. Hasta el momentono hay conclusiones definitivas ni sanciones, y el proceso sigue siendo de carácter técnico y administrativo.
Urrá, por su parte, ha reiterado que actuó conforme a la normativa vigente y que sus decisiones estuvieron orientadas a preservar la seguridad de la infraestructura y de las comunidades.
Un conflicto que no nació con esta emergencia.
Líderes piden que se escuchen sus voces en la evaluación de las causas y responsabilidades. Foto:Gobernación de Córdoba
Para las comunidades ribereñas, lo ocurrido no es un hecho aislado. Desde hace años, Pescadores, campesinos y líderes sociales advierten que el comportamiento del río cambió. y que la vulnerabilidad se ha profundizado sin soluciones estructurales.
“La emergencia no la creó Urrá, pero sí volvió a mostrar que seguimos expuestos.”, dice un pescador de Tierralta que perdió sus artes de trabajo. “Aquí siempre somos los mismos los que perdemos”.
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Más allá de la culpa, una lección pendiente
Mientras Córdoba continúa atendiendo a millas de damnificados, el debate deja una conclusión clara: la gestión del riesgo no puede limitarse a decisiones técnicas correctas si estas no llegan a tiempo a quienes viven en la zona de impacto.
En un contexto de crisis climática, lluvias extremas y territorios frágiles, el reto no es solo contener el agua, sino anticiparse a sus consecuencias sociales. Para las comunidades del Sinú, la pregunta sigue abierta: ¿quién responde cuando el río vuelve a desbordarse sin aviso?
