Este es el pasado ‘oscuro’ que recae sobre Henry Chacón Amaya, favorito para ser el nuevo contralor del Cesar: lo investigan por homicidio

Henry Chacón Amaya se posiciona como el candidato principal para la Contraloría Departamental del Cesar, en un proceso que ha suscitado controversia debido a acusaciones judiciales en su contra y la influencia del clan Gnecco.

A pesar de estar bajo investigación por homicidio y presuntos vínculos con grupos paramilitares, Chacón cuenta con el respaldo de la estructura política más poderosa y cuestionada en la región, lo que podría fortalecer su candidatura para el puesto en la contraloría.

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Con una sólida trayectoria política, Chacón ha sido alcalde de Curumaní en tres ocasiones, lo que le ha proporcionado un peso significativo en el ámbito local. Su nombre ha sido recurrente en acuerdos electorales, y su candidatura a la Contraloría lo vuelve a colocar en el ojo público. Está en la lista de finalistas para el periodo 2026-2029, convocado por la Asamblea Departamental, a pesar de las dudas legales que lo rodean.

El 20 de noviembre de 2025, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas publicó los resultados de la prueba de conocimientos para el puesto. Chacón logró 96 puntos sobre 100, ubicándose en la segunda posición entre los tres aspirantes con mejor puntuación. El primer lugar fue para Carlos Luis Cassiani Niño, contador y actual funcionario de la Contraloría Departamental, quien alcanzó 99 puntos, mientras que Luis José Rodríguez Torres, exsecretario de Educación del Cesar, obtuvo 97 puntos.

Sin embargo, la decisión final depende de la votación directa de los diputados de la Asamblea, donde muchos de los votos están alineados con el clan Gnecco. Según fuentes locales citadas por la revista Cambio, diez de los once diputados apoyarían la candidatura de Chacón, bajo la coordinación del diputado Jorge “Popo” Barros Gnecco, figura clave en las negociaciones políticas internas. Además, la familia De la Peña, con una fuerte presencia en el negocio de apuestas y peso electoral, ha sellado un acuerdo político que fortalecería la alianza en apoyo a Chacón.

No obstante, el historial judicial de Chacón ha suscitado interrogantes sobre su participación en el concurso, según la información recopilada por Cambio. En 2003, la exconcejal Ana Cristina López de Moreno fue asesinada en Curumaní, un crimen motivado por cuestiones políticas.

Años después, exintegrantes del frente Resistencia Motilona del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) señalaron a Chacón como uno de los responsables del homicidio y un colaborador de la organización paramilitar.

Testimonios de Wilson Poveda Carreño, alias Rafa, y Néstor Quiñonez Quiroz, alias Yuca, lo vincularon directamente a este caso, lo que llevó a la Fiscalía a ordenar su captura en 2014. Chacón estuvo prófugo durante dos años, hasta que su defensa solicitó un control de legalidad sobre la medida de aseguramiento. Posteriormente, pudo postularse nuevamente y ganar la Alcaldía de Curumaní para el periodo 2020-2023.

En septiembre de 2020, la Fiscalía ordenó su captura como presunto determinador del crimen y fue detenido junto al exrepresentante a la Cámara Miguel Ángel Durán. Alias Rafa declaró que ambos tenían conexiones cercanas con la estructura de las AUC y que la organización habría influido en la elección de Chacón como alcalde.

El proceso judicial incluyó cargos por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. Chacón estuvo privado de libertad hasta octubre de 2020, cuando recuperó su cargo tras un recurso de habeas corpus.

El mismo Chacón ha defendido su inocencia, argumentando que los testigos en su contra fueron condenados por falso testimonio y que su caso avanza lentamente debido a la aplicación de la Ley 600. En declaraciones públicas, ha insinuado que enfrenta una persecución política, indicando que cada vez que se postula para un cargo, surge algún problema judicial.

Mientras tanto, la influencia del clan Gnecco y sus alianzas políticas han sido determinantes en el control de la Contraloría del Cesar durante los últimos cuatro periodos.

Desde 2012, la entidad ha estado bajo la dirección de figuras cercanas al grupo, como César Gustavo Aguilar, César Cerchiaro, Delwin Jiménez y Juan Francisco Villazón, todos con vínculos directos o familiares con los Gnecco. El acuerdo actual con la familia De la Peña reforzaría la continuidad de este dominio político, con Chacón como una pieza clave para asegurar el respaldo de varios alcaldes municipales, a cambio del apoyo a Gumer de la Peña en las próximas elecciones al Congreso.

A este panorama se suma una nueva investigación de la Procuraduría General de la Nación, que recientemente formuló pliego de cargos contra Chacón por presunta omisión de deberes funcionales durante su último periodo como alcalde. El organismo investiga si incumplió con la presentación de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta.

La falta ha sido provisionalmente calificada como grave, y la Procuraduría busca determinar si se vulneraron los principios de transparencia y publicidad en el ejercicio del cargo.