expertos advierten que no es culpa del Congreso y que la ref

La discusión sobre la reforma tributaria entra a una fase decisiva en el Congreso en la que mientras el presidente Gustavo Petro insiste en que el Legislativo sería responsable de agravar la crisis fiscal si no aprueba el proyecto y desde Senado y Cámara insisten en que la iniciativa está prácticamente hundida, ya que no es una solución real para el país.

Cabe resaltar que la ley de financiamiento está a la espera de cumplir su trámite en las comisiones económicas conjuntas, donde apenas se han debatido las ponencias negativas y queda pendiente el trámite de una propuesta de archivo y la oficial, respaldada por el Ministerio de Hacienda. Si bien se espera que este proceso avance los próximos días, todavía no se tiene una fecha concreta.

Mientras tanto, expertos consultados por Portafolio coinciden en que el origen del problema es más profundo y que atribuirle al Congreso la situación fiscal actual desconoce elementos estructurales del manejo presupuestal, del recaudo y del comportamiento del gasto público en los últimos años.

Un problema de tiempo atrás

Lisandro Junco, exdirector de la Dian, recuerda que el desequilibrio comenzó con la reforma tributaria de 2022 y explica que “este gobierno la quería prohibir y la Corte Constitucional se tumbó esa norma”, en referencia a la deducibilidad de regalías. A esto se sumaron decisiones posteriores, entre ellas incrementar las retenciones para adelantar ingresos, una práctica que, según él, distorsionó las cifras porque “cada vez el recaudo lo anticipan” sin generar ingresos sostenibles para los años siguientes.

Junco señala que el Gobierno empezó a cobrar por adelantado con retenciones y creó un efecto temporal que infló artificialmente los resultados de 2023; por lo que el problema ahora es que los contribuyentes están declarando saldos a pagar que realmente ya pagaron y esto genera amplios saldos a favor y disminuye la disponibilidad de recursos frescos. 

Para él, esta práctica explica buena parte del apretón de caja y evidencia “malas prácticas por no saber medir las retenciones desde el año 2023” y desde su visión, una reforma tributaria no debería enfocarse en aumentar impuestos, porque eso afectaría la inversión y restaría competitividad a las empresas, sino en simplificar y disminuir cargas. 

Entre tanto, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, también descarta que el Congreso tenga responsabilidad en la crisis fiscal, ya que considera que el verdadero origen está en la forma como el Gobierno ha presentado presupuestos crecientes, sin suficientes ingresos para respaldarlos y recuerda que la actual ley de financiamiento pretende recaudar $16 billones, pero “el presupuesto está desfinanciado en $45 billones”, lo que evidencia que el problema supera por mucho lo que pretende resolver este proyecto legislativo.

Restrepo advierte que el Gobierno elevó el gasto de funcionamiento, impulsó burocracia adicional y suspendió la regla fiscal, decisiones que incrementaron la incertidumbre en los mercados. Como resultado, el país hoy paga “casi 50% más de intereses de deuda pública que antes” y esta combinación llevó la deuda bruta al 65% del PIB, un nivel comparable al de la pandemia, y redujo el espacio fiscal para cubrir obligaciones inflexibles como salud, educación y pensiones.

A su juicio, la reforma propuesta “ni es suficiente, ni es conveniente”, porque afectaría negativamente el crecimiento de la economía y encarecería al sector productivo sin generar recaudo sostenible y por eso recomienda que el Gobierno controle el exceso de gasto, reduzca la burocracia y envíe señales de confianza a inversionistas y calificadoras. Solo así, sostiene, podría comenzar a bajar la prima de riesgo país y mejorar las condiciones de financiamiento para el Estado.

Otra de las voces que habló con este medio fue Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien recuerda que el déficit cerró en 6,7% del PIB en 2024 y se proyecta en 7,1% para 2025, niveles similares a los de la pandemia. Además, que la activación de la cláusula de escape suspendió temporalmente los límites al déficit y la deuda y en ese contexto, el presupuesto de 2026 debía trazar un camino de ajuste creíble, pero la Ley de Financiamiento “habilita al Gobierno para gastar más”.

Salazar enfatiza que la crisis fiscal se originó en el crecimiento sostenido de los gastos permanentes del Estado, mientras los ingresos no han logrado acompañar ese ritmo; por lo que añade que el Gobierno ha sobreestimado ingresos, adelantado recaudo con retenciones y usado maniobras contables como las TUV para cumplir formalmente la regla fiscal. Sin embargo, una verdadera corrección requiere medidas estructurales que incrementen el recaudo de manera permanente y frenen el aumento de compromisos inflexibles.

Acá vale la pena decir que si bien el recaudo tributario ha mejorado según las cuentas de la Dian, autoridades como el Carf han dejado claro que no se va a cumplir la meta para 2025; mientras que centros de análisis apuntan a que el hueco del recaudo podría rondar los $10 billones al cierre de esta vigencia.

Organizar el gasto

Así las cosas, Henry Amorocho, profesor del Rosario, explica que la crisis fiscal no puede atribuirse exclusivamente a una rama del poder y sostiene que Congreso y Gobierno son corresponsables en la hacienda pública, pero resalta que hoy el Congreso actúa con prudencia al no aprobar una reforma que podría “originar distorsiones que afecten la economía que va en recuperación”. 

Amorocho asegura que la caja apretada tiene un origen claro y es la ejecución presupuestal de 2024, que estuvo cargada de reservas sin un plan específico, práctica que infló artificialmente las cifras y encubrió un déficit que al final generó un rezago presupuestal superior a $47 billones, responsable del estrecho margen de liquidez. Además, advierte que imponer una reforma que incremente tarifas “no sería lo aconsejable”, porque afectaría el crecimiento y disminuiría la capacidad de inversión del sector privado.

El camino correcto, a su juicio, es recortar gastos de funcionamiento y revisar estructuralmente la inversión; teniendo presente que “el remedio está en el presupuesto”, es decir, reducir apropiaciones y priorizar el gasto, con lo cual se podría ordenar el déficit, recuperar credibilidad y disminuir el riesgo país que hoy presiona tasas de interés, haciendo más costoso el financiamiento para el Gobierno y limitando el espacio fiscal disponible.

A este debate también se sumó Christian Quiñonez, exsubdirector de la Dian, quien coincide en que la responsabilidad de la crisis fiscal no recae sobre el Congreso, sino en las decisiones adoptadas por el propio Gobierno y si bien considera que la reforma es necesaria, deja claro que Hacienda “se equivoca en nacer en un año electoral”, especialmente cuando el Ejecutivo enfrenta cuestionamientos por “hechos de corrupción, falta de transparencia y despilfarro burocrático”. 

Quiñonez sostiene que el problema se agrava por la fractura interna de la Dian, que ha experimentado rotaciones directivas inéditas, tutelas que obligan a reubicaciones y un clima laboral deteriorado. Asegura que la entidad fue “politizada”, perdió capacidad técnica y recibió metas de recaudo que califica como incumplibles y en su visión, la reforma de 2022 desincentivó sectores estratégicos como el extractivo y el financiero, mientras la actual insiste en ese error, ahuyentando inversión y profundizando la crisis.

Finalmente, Jorge Restrepo, profesor de la Javeriana, coincide en que el problema proviene del exceso de gasto y de una tributación insuficiente, pero aclara que la reforma propuesta no resuelve ninguna de las dos. Así mismo, reitera que el Congreso no es culpable y que la responsabilidad primaria “es del gobierno”; agregando que la pérdida de confianza generó tasas de interés más altas y un mayor costo del roll over de deuda, profundizando la presión fiscal.

El profesor Restrepo cerró este debate señalando que aunque el país necesita una reforma tributaria, esta debe venir después de un recorte del gasto que devuelva credibilidad. Solo así se podrá discutir una ampliación del recaudo sin deteriorar inversión ni crecimiento; o de lo contrario, cualquier cambio tributario sería insuficiente y podría agravar la incertidumbre. 

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio