El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este 11 de septiembre de 2026 el cierre definitivo de todos los procesos de paz y espacios sociojurídicos heredados del gobierno de Gustavo Petro. Con la firma de las resoluciones que dan por terminados los diálogos con las bandas de Buenaventura y Quibdó, la llamada Paz Total llegó formalmente a su fin tras cuatro años de negociaciones que, según los propios datos del gobierno, no lograron reducir a ninguno de los grupos con los que se negoció.
“Se acabó la falsa paz. En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas”, afirmó De La Espriella el 11 de septiembre de 2026 en X.
Qué grupos quedan fuera de la mesa
El cierre es total. Las resoluciones firmadas durante el primer mes de mandato terminaron formalmente los procesos con:
- El Estado Mayor de los Bloques (fracciones Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes), las principales disidencias de las antiguas FARC.
- La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
- El Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
- El Ejército de Liberación Nacional (ELN).
- Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
- Las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura.
Además, se levantó la Zona de Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, el espacio habilitado bajo Petro para concentrar combatientes durante los diálogos.
Cuánto costó la Paz Total: 125.174 millones de pesos
Según información revelada por El Tiempo el 11 de septiembre de 2026, las negociaciones de la Paz Total tuvieron un costo total de 125.174 millones de pesos para el Estado colombiano:
- 107.572 millones de pesos ejecutados en negociaciones con grupos armados al margen de la ley.
- 17.601 millones de pesos destinados a acercamientos con estructuras del crimen organizado urbano.
El dato más revelador: al finalizar los cuatro años del gobierno Petro, los grupos armados que participaron en estas negociaciones aumentaron su número de integrantes. Cuatro años de mesas, recursos del Estado, y los grupos terminaron más grandes.
Qué condiciones pone el nuevo gobierno para hablar de paz
La Presidencia fue explícita en su comunicado del 11 de septiembre de 2026:
“El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley. Quienes expresen una voluntad real de dejar las armas deberán someterse a la justicia; en contraste, quienes persistan en perpetrar actos de violencia contra la población civil serán enfrentados con toda la capacidad legal y legítima de la Fuerza Pública.”
La puerta a la paz sigue abierta, pero con una condición nueva: someterse a la justicia primero, negociar después. No hay más beneficios procesales como precio de entrada al diálogo.
Fuente: El Tiempo, 11 de septiembre de 2026. Declaraciones oficiales de la Presidencia de la República.