Gobierno defendió inversiones forzosas para atender la crisis climática y explicó por qué no afectarían el ahorro de los colombianos

Un nuevo debate ha surgido entre el sector financiero y el Gobierno nacional debido a la intención del presidente Gustavo Petro de aplicar una inversión forzosa para dirigir más recursos hacia la atención de la emergencia climática que afecta a diversas áreas del país.

La propuesta ha suscitado declaraciones del gremio bancario y de varios exministros de Hacienda, quienes han advertido sobre posibles repercusiones económicas de esta medida.

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De acuerdo con los exministros, este mecanismo afectaría a 38 millones de personas que tienen sus ahorros en la banca. Indicaron que podría resultar en una menor rentabilidad de los depósitos y mayores tasas de interés, además de una reducción de 0,3 puntos porcentuales en el crecimiento económico del país. Por eso, pidieron que el tema se aborde en un debate técnico.

En respuesta a estas críticas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado en defensa de las inversiones obligatorias, explicando su marco jurídico y técnico.

La cartera indicó: “En medio de la discusión pública sobre las inversiones obligatorias en el sector agropecuario, es importante distinguir entre los datos y la narrativa. Colombia ha tenido durante 36 años un sistema de financiamiento diferenciado para el campo, respaldado por los artículos 65 y 66 de la Constitución, que reconocen la producción de alimentos como actividad de especial protección del Estado”.

En el comunicado, el Ministerio afirmó claramente: “Las ‘inversiones forzosas’ no son una expropiación de los ahorros de los colombianos. Desde un punto de vista jurídico y técnico, representa una obligación para los establecimientos de crédito de invertir un porcentaje de sus pasivos en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA), establecidos por la Ley 16 de 1990”.

También sostuvo que esos recursos no provienen de las cuentas de ahorro de los ciudadanos, sino que afectan el balance de las entidades financieras como parte de un diseño regulatorio. El objetivo es corregir fallas de mercado en un sector que enfrenta riesgos climáticos, biológicos y de precios que han desincentivado históricamente el crédito privado convencional.

El ministerio describió el funcionamiento del mecanismo: “El mecanismo opera así: el Banco de la República establece la fórmula que define la cantidad de TDA que deben adquirir los bancos. Estos recursos son gestionados por Finagro, la banca de desarrollo del sector agropecuario, que los redistribuye como crédito de fomento con tasas y plazos acordes al ciclo productivo rural. En otras palabras, no se trata de un subsidio indiscriminado, sino de un instrumento de política pública destinado a asegurar financiamiento estable y condiciones financieras que el mercado no ofrece por sí mismo”.

El ministerio subrayó que la incidencia del sistema no es marginal. Indicó que esta interconexión sostiene el 28,6% del PIB agropecuario. Además, destacó que en las últimas dos décadas el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario ha beneficiado a 2,3 millones de pequeños productores.

Según el ministerio, entre 2022 y 2026, más de 400.000 productores accedieron por primera vez al crédito de fomento y se han emitido más de un millón de garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías, con el Estado actuando como fiador para facilitar su inclusión financiera.

En el mismo documento, cuestionó las afirmaciones que sugieren que el mecanismo implica un traslado directo de recursos de los ahorradores. “Afirmar que las inversiones forzosas ‘se llevan la plata de los ahorradores’ es tan inexacto como cuando, durante el debate del plebiscito, se instaló la idea de que los desmovilizados se quedarían con las pensiones de los adultos mayores. Es una simplificación diseñada para provocar indignación, no para explicar el instrumento. Manipular el lenguaje es una estrategia conocida en campañas de opinión: se apela al miedo para redireccionar el debate.”

El Ministerio de Hacienda también mencionó que en la mayoría de los países, el apoyo al sector agropecuario se financia con fondos del erario. Señaló que Colombia ha optado desde hace décadas por un modelo mixto que combina regulación financiera y banca de desarrollo.

Finalmente, la cartera concluyó: “El debate sobre el crédito rural es legítimo y necesario. Sin embargo, si se pretende discutir sobre competitividad, seguridad alimentaria y la reducción de brechas, la conversación debe basarse en los hechos: las inversiones obligatorias no son expropiaciones de ahorros, sino un instrumento constitucional de política pública que asegura que el campo tenga acceso real a financiamiento.”