Colombia
Gobierno elimina subsidio al Acpm para vehículos particulares y aplica tarifa internacional
El Gobierno nacional ha emitido el Decreto 1428 de 2025, que define un mecanismo diferenciado para el precio del diésel (Acpm) para vehículos de servicio privado, diplomático y oficial.
Esta acción marca el inicio de un proceso de transición en el que los propietarios de estos vehículos empezarán a abonar un precio más alineado con el valor internacional del combustible.
Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La implementación del ajuste será progresiva y específica, empezando en las ciudades principales y áreas metropolitanas.
El Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, afirmó que la medida busca corregir distorsiones en el uso de los subsidios, proteger las finanzas públicas y concentrar el gasto estatal en sectores con función social.
“El subsidio a los combustibles debe destinarse a donde cumple una función social. Proteger el transporte público es cuidar el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, destacó el ministro.
La nueva normativa excluye específicamente del ajuste al transporte público de carga y pasajeros. Los autobuses, camiones y otros vehículos encargados de ofrecer servicios esenciales seguirán recibiendo diésel subsidiado, evitando así aumentos en los costos de transporte, alimentos y el costo de vida de las familias.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) ha sido la herramienta mediante la cual el Estado ha mantenido los precios internos bajos ante fluctuaciones internacionales.
De acuerdo con el diagnóstico oficial, este mecanismo terminó subsidiando el consumo de diésel de vehículos sin una función social esencial, causando un alto costo fiscal. El ajuste busca reducir el déficit del Fepc y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El decreto establece que la eliminación del subsidio para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales se llevará a cabo de forma gradual, con un plazo máximo de seis meses para su implementación.
Durante este periodo, las autoridades deberán definir la metodología técnica y operativa, estableciendo los criterios, controles y mecanismos para aplicar el nuevo esquema de precios de manera efectiva y transparente.
El Ministerio de Minas y Energía, junto con el Ministerio de Hacienda serán responsables de determinar el ingreso al productor del combustible en este contexto.
La aplicación inicial de la medida se enfocará en 75 municipios, incluidas las áreas metropolitanas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta y otras zonas priorizadas por su alta demanda de diésel y por contar con la capacidad tecnológica y operativa para monitorear y controlar el consumo por tipo de vehículo.
El listado de municipios incluye localidades como Envigado, Bello, Soledad, Montería, Zipaquirá, Pereira, Ibagué, Palmira y Jamundí, entre otros.
Voceros de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) señalaron que los precios aún no han subido en las estaciones de servicio, ya que el Ministerio de Minas y Energía debe precisar los montos y el cronograma de los aumentos.
De acuerdo con el gremio, el incremento podría superar los $3.000 por galón para igualar el precio internacional. El presidente de Comce, David Jiménez, comentó a El Colombiano que el gremio ha solicitado que la medida se aplique a nivel nacional para evitar distorsiones regionales.
“Si se aplica por municipios, se generarían variaciones de precios que provocarían que los consumidores busquen las estaciones con los precios más bajos”, agregó.
La exclusión del transporte público y de carga de la medida responde al objetivo de proteger sectores estratégicos de la economía y la movilidad, además de prevenir un impacto directo en los precios al consumidor.
El Gobierno nacional reiteró que este cambio no implica un aumento generalizado del diésel y que el mecanismo diferenciado tiene como objetivo corregir un subsidio que no era considerado justo ni sostenible, dirigiendo los recursos públicos hacia donde más se necesitan.
El decreto establece que, durante los seis meses de transición, se llevará a cabo un seguimiento riguroso a la evolución de los precios y su impacto sobre los sectores correspondientes, antes de considerar una ampliación de la medida a otros municipios o regiones. Se espera que este proceso permita evaluar la efectividad y equidad del nuevo esquema y su contribución a la estabilidad fiscal del país.
