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El Gobierno nacional avanza en la revisión de un borrador de decreto que ampliaría de manera significativa el alcance de los servicios postales de pago en Colombia, al permitir que los operadores postales administren recursos de los usuarios a través de cuentas similares a cuentas de ahorro. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), se encuentra en etapa de análisis y ha abierto un debate en el sector financiero sobre los límites entre los servicios postales y las actividades propias del sistema financiero formal, así como sobre los riesgos asociados a la captación de recursos del público fuera del perímetro tradicional de supervisión.
El proyecto normativo propone adicionar un nuevo capítulo al Decreto 1078 de 2015, con el objetivo de habilitar a los Operadores de Servicios Postales de Pago para ofrecer servicios de giro de pago, giro de depósito y transferencia postal. Bajo este esquema, las empresas postales podrían recibir recursos de los usuarios, custodiarlos y transferirlos de acuerdo con las órdenes impartidas por los clientes, a través de las denominadas cuentas postales.
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De acuerdo con el borrador, los montos consignados en estas cuentas solo podrían destinarse a la ejecución de órdenes de pago o transferencia definidas por los usuarios. El texto establece de manera expresa que dichos recursos no podrán utilizarse para otorgar créditos, realizar operaciones financieras ni desarrollar actividades propias del sistema financiero. La intención, según el documento, es mantener un uso restringido de los fondos, circunscrito a la prestación de servicios postales de pago.
El decreto también fija una serie de prohibiciones y obligaciones para los operadores. Entre ellas se incluyen la imposibilidad de realizar giros sin un destinatario plenamente identificado, la prohibición de efectuar operaciones fraccionadas para evadir topes establecidos, la restricción de aplicar retenciones no autorizadas y la obligación de no mantener los recursos de los usuarios por plazos superiores a los definidos por el Ministerio TIC.
Adicionalmente, se exige garantizar la trazabilidad en línea de las operaciones y cumplir con deberes de conocimiento del cliente y prevención de lavado de activos, incluso cuando intervengan colaboradores o terceros en la prestación del servicio.
Pagos sin contacto con tarjeta débito y crédito. Foto:iStock
La iniciativa ha generado preocupación entre actores del sistema financiero, tanto de la banca tradicional como del ecosistema fintech.
Colombia Fintech emitió un pronunciamiento en el que calificó la iniciativa como “inconveniente”. Según el gremio, al no exigir los estándares Sarlaft propios del sector financiero, se crearían “canales de baja resistencia” que facilitarían actividades delictivas y permitirían movilizar recursos sin los controles de seguridad adecuados. También señaló que los recursos de los ciudadanos depositados en cuentas postales no estarían amparados por el seguro de depósitos de Fogafín.
Estas preocupaciones se centran en el hecho de que los operadores postales, aunque cumplen reglas específicas del sector postal y lineamientos de la Unión Postal Universal, no hacen parte del perímetro tradicional de vigilancia financiera. La eventual administración de flujos de dinero de los usuarios bajo este esquema ha sido interpretada por distintos actores como una forma de captación que, aunque limitada en su uso, se asemeja funcionalmente a una cuenta de ahorro.
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, expresó “su enorme preocupación” frente al proyecto de decreto, al considerar que permitiría a los Operadores de Servicios Postales de Pago captar recursos del público “sin el rigor que esta actividad exige”. Según el gremio, la iniciativa abriría la puerta para que entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera ni por la Superintendencia de Economía Solidaria realicen actividades propias del sector financiero, generando un “vacío legal relevante”.
Las personas recibiran cuatro pagos. Foto:iStock
Asobancaria advirtió que el esquema propuesto daría lugar a un arbitraje regulatorio, dado que los requerimientos para esta nueva actividad serían más laxos en aspectos como gestión de riesgos, adopción de medidas para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, y mecanismos de intervención oportuna ante contingencias. En este escenario, el gremio señaló que, en ausencia de una supervisión adecuada, el riesgo recaería directamente sobre el ciudadano.
El gremio también destacó que, de expedirse el decreto en los términos actuales, las cuentas postales no contarían con seguro de depósito y los operadores no tendrían requerimientos patrimoniales equivalentes a los exigidos a las entidades financieras, lo que incrementaría el riesgo de pérdida de los recursos de los usuarios. Adicionalmente, recordó que el Banco de la República ha advertido que esta iniciativa podría afectar el desarrollo de los pagos inmediatos en el país, en particular el avance de Bre-B, al fragmentar el ecosistema de pagos e incentivar el uso del efectivo.
Según Asobancaria, esta fragmentación no solo distorsionaría la competencia, sino que también debilitaría la confianza del público en el ecosistema financiero. La Superintendencia Financiera, de acuerdo con el gremio, comparte la preocupación frente a los riesgos de liquidez, operacionales y de lavado de activos asociados a la propuesta normativa. En ese contexto, Asobancaria solicitó al Gobierno nacional abstenerse de expedir el decreto, al considerar que su implementación sería inconveniente para el país.
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