Economia
Gremios advierten que el decreto del salario mínimo encarece la pensión y abre riesgos jurídicos y fiscales
La Federación de Aseguradores de Colombia, Fasecolda y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos insistieron en revisar los efectos del Decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025, que modifica la fórmula de cálculo de las pensiones asociadas al salario mínimo. Según los gremios, la medida introduce cambios que afectan a los trabajadores, los futuros pensionados y la sostenibilidad del sistema, al trasladar cargas financieras que antes asumía el Estado hacia los afiliados.
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De acuerdo con los gremios, el ajuste puede derivar en “menos pensionados, menores mesadas pensionales y desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre invalidez y muerte”. Las entidades señalaron que, aunque el Gobierno sostiene que la modificación no incrementa el capital requerido para acceder a las pensiones, en la práctica sí eleva los costos que deben asumir los afiliados y el sistema asegurador.
Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, advirtió que el cambio regulatorio “altera las condiciones bajo las cuales se estructuraron los contratos previsionales” y traslada los costos a los trabajadores y al seguro previsional, lo que compromete su sostenibilidad y abre riesgos jurídicos por afectación de expectativas legítimas.
Según los gremios, el cambio reglamentario implicaría “menos pensionados, menores mesadas pensionales y desfinanciamiento de la prima del seguro que cubre incapacidad y muerte”.
Además apuntaron que, aunque el Gobierno sostiene que la modificación no incrementa el capital requerido para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia, en la práctica el costo de los siniestros se incrementaría de forma significativa, lo que pondría en riesgo la viabilidad del seguro previsional.
Fasecolda y Asofondos indicaron que este aumento en el costo del seguro llevaría a superar el límite legal del 3 por ciento para la prima, haciendo inviable su cobertura. En ese escenario, se vería comprometida la protección que actualmente beneficia a cerca de 20 millones de trabajadores frente a los riesgos de incapacidad y muerte.
Pensiones Foto:Pensiones
Impactos en pensiones de vejez y sostenibilidad del sistema
En relación con las pensiones de vejez, los gremios explicaron que, si bien existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) para quienes cumplen 1.150 semanas de cotización y no alcanzan el capital requerido, hoy existe un grupo de afiliados que logra pensionarse anticipadamente sin acudir a dicho fondo, al autofinanciar una renta vitalicia.
Con la modificación, este grupo tendría que cotizar durante más tiempo o aceptar mesadas inferiores a las que recibirían bajo las reglas actuales. “Decenas de miles de colombianos tendrían que cotizar y ahorrar mucho más tiempo para tener posibilidad de pensionarse o de aceptar una mesada inferior”, detallan.
Los gremios también advierten que los costos no desaparecen con el cambio normativo, sino que se trasladan. “Parte de la carga recaería sobre el seguro previsional, volviéndolo inviable, y otra parte sobre los trabajadores, que deberían ahorrar más o recibir pensiones más bajas“, apuntan.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Foto:Asofondos
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, explicó que el Decreto 1485 modifica la forma en que se calcula el capital necesario para pensionarse. Según indicó antes del cambio un afiliado al régimen de ahorro individual requería cerca de 350 millones de pesos para adquirir una renta vitalicia equivalente a un salario mínimo. Con la nueva fórmula, ese monto se eleva a aproximadamente 550 millones de pesos.
“El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década”, afirmó Velasco, al señalar que el incremento obedece tanto al aumento del salario mínimo como a la decisión de no compensar ese ajuste dentro del sistema pensional.
De acuerdo con Asofondos, este escenario afecta a cerca de 20 millones de afiliados a los fondos privados, quienes enfrentarían mayores exigencias de ahorro o, en su defecto, quedarían expuestos a la devolución de saldos si no alcanzan el capital requerido. Para quienes aspiren al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el cambio también implicaría mayores presiones, al acelerarse el uso de sus recursos.
El decreto también tiene implicaciones sobre los seguros de invalidez y sobrevivencia.
Velasco advirtió que este escenario puede generar un “efecto búmeran” fiscal, ya que el agotamiento acelerado del Fondo de Garantía de Pensión Mínima —estimado en cerca de 55 billones de pesos— obligaría al Estado a cubrir las obligaciones futuras con recursos del presupuesto general.
Fasecolda y Asofondos señalaron que, de no revisarse el decreto, podrían presentarse reclamaciones y demandas por la modificación de condiciones bajo las cuales los afiliados realizaron sus aportes.
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