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Cuatro gremios del sector digital y empresarial solicitaron al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el retiro del proyecto de decreto que propone una modificación integral al régimen del Registro Nacional de Turismo (RNT). En una comunicación dirigida a la ministra de la cartera, las organizaciones advierten que la iniciativa altera de manera sustancial el marco regulatorio vigente, sin identificar con claridad el problema de política pública que se busca resolver, ni presentar análisis técnicos, jurídicos o económicos que respalden los cambios propuestos.
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Las organizaciones —Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), AmCham Colombia, Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico— señalan que la vivienda turística y los servicios turísticos digitales ya cuentan con un marco normativo consolidado, sustentado en disposiciones como la Ley 2068 de 2020 y sus decretos reglamentarios. Según el documento, el proyecto de decreto no se limita a desarrollar ese marco, sino que redefine obligaciones, cambia la naturaleza de los prestadores y reconfigura los mecanismos de control.
En la comunicación se advierte que esta forma de intervención normativa desconoce principios de seguridad jurídica, coherencia regulatoria, límites a la potestad reglamentaria y confianza legítima. Los gremios sostienen que no se justifica la magnitud de los cambios propuestos ni se demuestra que el esquema actual sea ineficiente, insuficiente o fallido, ni que los problemas señalados tengan origen en la regulación vigente.
Las habitaciones pueden tener cámaras ocultas. Foto:iStock
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la ausencia de un Análisis de Impacto Normativo que permita evaluar la proporcionalidad, razonabilidad y conveniencia de las medidas. Los gremios indican que el proyecto no presenta diagnósticos, estadísticas ni evidencia empírica que respalden la necesidad de modificar de manera integral el régimen del RNT, lo que consideran un defecto técnico sustancial.
Si bien reconocen que el Ministerio ha adelantado mesas técnicas y espacios de diálogo, las organizaciones aclaran que la realización de estos encuentros no legitima el proceso regulatorio ni implica respaldo al contenido del decreto. Afirman que, durante estas instancias, se expresaron reparos de fondo que no fueron incorporados en el texto sometido a consulta pública, lo que, a su juicio, afecta la solidez técnica y la legitimidad del proceso.
El documento también cuestiona la introducción de nuevas cargas y esquemas de control, incluidos mecanismos de pre verificación e interoperabilidad tecnológica, sin definir estándares técnicos claros ni evaluar la capacidad institucional del Estado para implementarlos. Los gremios advierten que estas exigencias trasladan riesgos legales y operativos a los prestadores y a las plataformas digitales.
En este contexto, recuerdan que durante las mesas realizadas en enero, Confecámaras manifestó que los requisitos propuestos implicarían la implementación de un nuevo sistema tecnológico para el RNT, sin que se haya definido quién sería responsable de su provisión. Según los gremios, este traslado de funciones propias de la supervisión pública a actores privados, sin un análisis previo, representa un riesgo jurídico y regulatorio significativo.
Finalmente, los gremios solicitan que cualquier modificación al régimen del RNT esté precedida de un Análisis de Impacto Normativo, conforme a lo establecido en el CONPES 3816 de 2014 y el Decreto 1609 de 2015. También plantean la necesidad de contar con el concepto previo de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como garantizar una participación efectiva de los agentes del mercado y de funcionarios con capacidad real de decisión en las mesas de trabajo.
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