Colombia
La senadora Zuleta solicitó datos reservados a la Policía sobre operativos antiminería: estas fueron las condiciones
La senadora Isabel Cristina Zuleta ha generado controversia al requerir información privada a la Policía Nacional sobre operativos contra la minería no autorizada en Antioquia y Caldas.
El derecho de petición, presentado el 3 de octubre de 2025, solicitó información detallada acerca de las intervenciones llevadas a cabo por la institución, lo que provocó preocupación, según Semana.
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Zuleta, quien forma parte del Pacto Histórico, demandó explicaciones sobre 25 operaciones realizadas entre abril y octubre de 2025 en Yalí, San Roque, Amalfi, Angostura, Anorí, Remedios, Buriticá y Marmato.
Expresó su descontento por la destrucción de maquinaria amarilla, el cierre de minas y denunció posibles amenazas y agresiones a civiles durante los operativos policiales junto a la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Ilegal.
La senadora sostuvo que estas acciones contradecían acuerdos previos entre el Gobierno y los mineros informales. En el documento, mencionó la destrucción de herramientas de trabajo y denunció que los mineros fueron maltratados. Adicionalmente, argumentó que los compromisos exigían priorizar la incautación y la verificación de documentos en lugar de su inmediata destrucción.
El derecho de petición abarcó once solicitudes específicas: grabaciones de las operaciones (videos, fotografías, cámaras corporales), geolocalización de las acciones, informes confidenciales libres de restricciones y las órdenes que respaldaron los operativos.
De acuerdo al medio antes mencionado, Zuleta también pidió los nombres, rangos y departamentos de los oficiales involucrados, así como copias de evaluaciones sobre el uso de la fuerza y, de ser el caso, informes disciplinarios.
Entre los temas más delicados, la congresista solicitó información sobre la colaboración entre la Policía y la administración departamental de Antioquia durante estos procedimientos.
Recordó que la Gobernación de Antioquia, dirigida por Andrés Julián Rendón, no tiene competencias mineras directas, aunque requirió precisión sobre posibles colaboraciones y actas de reuniones entre ambas entidades.
Desde la Policía Nacional, altos oficiales interpretaron las demandas de Zuleta como intentos potenciales de intimidación que podrían beneficiar a los mineros relacionados con el Clan del Golfo, el ELN o disidencias de las Farc.
Un coronel retirado comentó al medio mencionado que las interrogantes de la senadora fueron vistas como intentos de transformar las acciones contra la explotación ilegal de minerales en cuestionamientos sobre minería tradicional, a pesar de la evidencia recopilada por la institución.
El mismo oficial mencionó que la información operativa era filtrada y, en ocasiones, recibieron órdenes superiores de suspender actividades en el Bajo Cauca antioqueño para prevenir bloqueos o enfrentamientos sociales.
Por su parte, Zuleta negó haber solicitado informes de inteligencia a la Policía. En declaraciones recogidas por el medio mencionado, aclaró que busca la justificación legal de los operativos, en su rol como coordinadora de la comisión encargada de revisar la política minera en Colombia.
La senadora puso en duda la legalidad de las intervenciones contra mineros identificados que, según ella, buscan regularizarse, una situación que desestima dicho proceso y crea conflictos sociales. Afirmó que la normativa permite actividades de exploración sin requerir licencia ambiental, en contraste con la interpretación que hace la Policía sobre sus atribuciones.
Respecto a los nombres de los oficiales, Zuleta dijo que los necesita para denunciar prácticas como la falta de identificación oficial, lo que considera incompatible con la obligación de la fuerza pública de identificarse.
Añadió que no está solicitando traslados ni persigue destituir funcionarios, sino que emplea mecanismos institucionales o ejerce su función legislativa al votar ascensos, guiándose por su criterio sobre el comportamiento de los agentes.
Las discrepancias entre el sector minero, el Estado y la fuerza pública en Antioquia y Caldas evidencian la complejidad del proceso de formalización minera. La discusión se centra en la legitimidad y transparencia de los procedimientos policiales.
Zuleta reiteró que nunca utiliza su posición para pedir el traslado de funcionarios. Aseguró que sus posturas se canalizan a través de medios institucionales y decisiones legislativas, cumpliendo con sus principios y la función de control asignada en el Congreso.
