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Suena un estallido seco y sale una leve nube de humo blanco: es una ‘papa bomba’. Una llamada ilumina los uniformes de los policías y, brevemente, las capuchas de algunos rostros ocultos detrás de una trifulca en cercanías a un plantel universitario: una ‘bomba molotov’. Es una protesta cualquier día de la semana, cualquier mes del año, por cualquier razón o causa.
Si bien los disturbios históricamente han marcado algunas movilizaciones en la capital, especialmente en los últimos siete años se han protagonizado serios enfrentamientos que han marcado la historia reciente de la protesta. Entre ellos están el estallido social de 2019 y 2021, y los disturbios que por poco se convierten en tradición los jueves en los alrededores de la Universidad Nacional, donde se vio a encapuchados portando hachas.
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Hechos como estos, son los que, según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, evidencian una “evolución” en la manera en que se presentan estos tropeles.
“Cambió el modus operandi, los artefactos que usan y el respaldo estudiantil a este tipo de acciones”, señaló Gustavo Quintero, secretario de Gobierno.
Por tal motivo, desde la Alcaldía de Bogotá se prepara una posible modificación del protocolo de actuación de las autoridades en las protestas.
Aunque el marco normativo vigente establece límites para la intervención de la Fuerza Pública, desde el Distrito buscan ajustar la norma para actuar cuando puntos estratégicos de la ciudad y el transporte público sean afectados.
Encapuchados en la Universidad Nacional. Foto:WhatsApp: Universidad Nacional C
“Hay un desequilibrio y tenemos que hacer valer los derechos de ambos (ciudadanos y manifestantes). Lo que queremos hacer en nuestra normativa, es para que el transporte público sea protegido. Que no pueda haber afectación sobre este y que tengamos las herramientas para cuidarlo”, explicó el secretario de Gobierno.
La actuación de la Fuerza Pública frente a la protesta social hoy está definida por el Decreto 003 de 2021, expedido durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque y la administración distrital de Claudia López.
Esta norma surgió como respuesta a una orden de la Corte Suprema de Justicia, emitida en una sentencia de tutela de segunda instancia, luego de que los ciudadanos demandaron por vulneraciones a derechos fundamentales en el marco de manifestaciones sociales.
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Allí se establece que la Fuerza Pública debe priorizar el diálogo, usar la fuerza solo como último recurso, actuar de forma proporcional y focalizada, avisar previamente al recurrir a estas instancias y respetar la protesta pacífica, la cual no constituye un delito.
“Nos ha tocado jugar con esas normas, somos conscientes de la importancia de las mismas, pero también tenemos que generarle garantías a la ciudadanía”, expresó Quintero.
Y es que, el cambio que se busca realizar desde la Alcaldía de Bogotá no puede impulsarse desde la normatividad distrital, ya que requiere un trámite de carácter legislativo.
Disturbios en la Universidad Nacional. Foto:X: @daniespitia9
Los hallazgos que motivaron la apuesta
Cifras de la Secretaría de Gobierno indican que en 2025 los gestores del Distrito acompañaron 1.678 movilizaciones, lo que representó un incremento del 20,37 por ciento frente a las 1.394 registradas en 2024. Del total de eventos, el 95,35 por ciento transcurrió de manera pacífica; sin embargo, el resto presentó alguna confrontación y requirió la intervención de las autoridades para restablecer el orden.
Para Quintero, esta evolución es motivo de preocupación para el Distrito. El funcionario advirtió que las “cocinas” en las que se hacen artefactos explosivos para utilizar en los disturbios, los procedimientos y los artículos empleados en estas acciones ya no son los mismos de años atrás, sino que ahora son mucho “más complejos”.
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Según explicó el funcionario, ahora las acciones se concentran en la activación de artefactos que impactan directamente el mobiliario urbano y el transporte público, lo que “exige una intervención inmediata”.
“Siempre el canal de diálogo está abierto, pero si este no se día y hay una afectación a la integridad, el Distrito levanta el canal y entra la Policía muy rápidamente”, indicó Quintero.
Otro de los hallazgos que motivaron esta modificación fue que, según el secretario, se ha identificado que en las protestas “violentas”, aunque ocurren en universidades, no necesariamente participan estudiantes. De hecho, el funcionario señaló que ahora la comunidad educativa está en contra de estas acciones.
Se suspende el servicio de Transmilenio en tres estaciones tras manifestaciones Foto:X: @Bogotá Tránsito
Los 11 encapuchados capturados
Muestra de la violencia con la que hasta el año pasado se habían desarrollado algunos disturbios en la capital es que, el pasado 11 de diciembre, la Fiscalía anunció la judicialización de 11 encapuchados señalados de alterar el orden en inmediaciones de la Universidad Nacional, y que se hacían pasar como estudiantes de dicho plantel educativo.
Según la investigación en su contra, se les atribuyen, entre otros hechos violentos, el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional y las lesiones causadas a un uniformado (15 de marzo de 2024), la quema de una motocicleta al interior de la Universidad Nacional (21 de marzo de 2024) y la incineración de un autobús del Sitp (25 de abril de 2024). En total, son 12 acciones terroristas que habrían perpetrado esta organización, conocida como ‘los Nadie’ o ‘los Arruera’.
La investigación adelantada por las autoridades, que se desarrolló entre 2024 y 2025, puso al descubierto cómo esta estructura habría alterado el orden de la ciudad en diferentes oportunidades, usando bombas molotov y ‘papas bomba’ para atacar tanto a la fuerza pública como al sistema de transporte de la ciudad.
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“Se ha logrado establecer la existencia de este grupo de delincuencia organizado. A través de diferentes actos investigativos (…) se evidencia que tienen como propósito generar actos violentos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas y medios de transporte”, indicó la jueza durante la audiencia de judicialización de los procesados.
Para lograr este resultado, las autoridades empezaron a recolectar material probatorio desde el 15 de marzo de 2024, cuando ocurrieron los primeros ataques. El hecho más reciente fue una explosión que se registró en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional, donde un hombre resultó herido y perdió varios dedos, el 11 de septiembre de 2025.
La Fiscalía indicó que Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias Salvatore, y Juan Sebastián Manios Lozano, alias Tolima, eran los coordinadores y encargados de la fabricación de elementos incendiarios para los enfrentamientos. A su vez, se encargaban de definir los diferentes roles que debían desempeñar los otros señalados terroristas para transportar, lanzar o activar los artefactos contra la fuerza pública, espacios masivos, el sistema de transporte o la infraestructura de la ciudad.
Disturbios por los que acusan a los 11 capturados. Foto:Fiscalía General de la Nación
“En los procedimientos de captura fueron incautados panfletos, un arma de fuego traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, una hacha y banderas con distintos símbolos”, dijo la Fiscalía por medio de un comunicado.
A los 11 detenidos les fueron imputados, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir; terrorismo; incendio; empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; daño en bien ajeno; perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas.
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Si bien las pruebas son determinantes, ninguno de los procesadores apoyó los cargos. Sin embargo, por orden de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
En este contexto, el secretario de Gobierno señaló que, para actuar frente a este tipo de situaciones, se espera contar en el primer semestre de este año con un borrador que establezca la normativa con la que el Distrito podría intervenir. Este será un proceso que deberá trabajarse con distintas instancias. No obstante, el funcionario aseguró que el debate de fondo hoy está en definir “cuál es la ruta de modificación a seguir”.
TATIANA MORENO QUINTERO Y MIGUEL CASTELLANOS
REDACCIÓN BOGOTÁ
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