Colombia
María Fernanda Cabal pidió la salida de Petro tras decisión que tomó el CNE: “La violación de topes electorales tiene esa consecuencia”
Después de que el presidente Gustavo Petro Urrego rechazara la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el incumplimiento de los límites de financiamiento en su campaña electoral, la precandidata presidencial María Fernanda Cabal lanzó un ataque contra el mandatario.
Mediante un mensaje en su cuenta de X la madrugada del viernes 28 de noviembre de 2025, la senadora del Centro Democrático exigió la destitución del jefe de Estado.
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“Corresponde de manera inmediata que se destituya a Gustavo Petro como lo ordena la Constitución Política artículo 109”, inició el mensaje de la congresista.
“La violación de topes electorales conlleva esa consecuencia que ha sido ignorada en la Comisión de Acusaciones”, concluyó el breve mensaje de la precandidata, quien busca ser la ganadora de la consulta interna del Centro Democrático para representar a su partido en las elecciones presidenciales de 2026.
Al mismo tiempo, horas antes de la publicación de Cabal en redes, la negativa del presidente Petro a aceptar la sanción reencendió el debate nacional sobre la fiscalización electoral y las acusaciones mutuas entre el gobierno y la oposición.
El mandatario calificó la medida como “un acto político y no jurídico”, y subrayó que la sanción del CNE no tiene fundamento legal, señalando inconsistencias en el manejo de los procesos de control electoral.
“No reconozco la autoridad moral de quienes han permitido la financiación irregular en campañas anteriores y ahora me acusan de infracciones”, declaró el presidente.
Durante su intervención, Petro acusó a ciertos sectores de la oposición de tener una “doble moral” en la fiscalización de los recursos utilizados durante la contienda electoral.
En un segundo mensaje compartido la misma mañana del viernes, Cabal reiteró que “Petro debe ser destituido por infringir los topes de campaña. Art 109 Constitución Política”, justificando que esto “está debidamente comprobado”.
“(1) una donación prohibida de Fecode (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación) de 500 millones de pesos, utilizada directamente para fines de campaña; (2) un préstamo de 500 millones del Polo Democrático que fue irregularmente eliminado de los libros contables; (3) pagos no reportados por 931 millones a testigos electorales realizados fuera de los canales oficiales”, detalla en la misma publicación.
“(4) una pauta publicitaria por 356 millones emitida antes de la primera vuelta pero registrada en la segunda; (5) el uso inadecuado de fondos del contrato con Ingenial Media, compartido entre campañas legislativas y presidenciales del Pacto Histórico; y (6) una donación de 600 millones por parte del sindicato USO, también tildada como una fuente prohibida”, concluyó Cabal.
La decisión del Consejo Nacional Electoral se deriva de una investigación sobre los montos utilizados en la campaña de Gustavo Petro en 2022.
El organismo concluyó que hubo “irregularidades en el reporte de gastos”, lo que llevó a la sanción.
La resolución establece una multa tanto para el presidente como para los responsables de su equipo de campaña. La sanción indica el supuesto incumplimiento de las normativas que regulan el financiamiento a los candidatos presidenciales.
En otro segmento de su respuesta, el jefe de Estado reafirmó su postura sobre la transparencia en su proceso electoral y afirmó que la orden del CNE está motivada políticamente.
“Estoy dispuesto a acudir a instancias internacionales para proteger mi derecho y el de quienes participaron en mi campaña”, afirmó Petro, enfatizando la necesidad de revisar los procedimientos de control en la financiación política en Colombia y cuestionando por qué otras campañas con presuntas irregularidades no han recibido el mismo tratamiento.
Además de Cabal, voceros de partidos de oposición respaldaron la decisión del CNE, mientras que funcionarios del gobierno rechazaron las acusaciones y reafirmaron la legalidad de los recursos aportados a la candidatura ganadora.
Conforme a la normativa colombiana, las campañas presidenciales deben reportar el origen y uso de todos sus recursos, sin exceder los límites establecidos por ley, lo que dio inicio a la investigación y la posterior sanción.
