Decisiones populares y el inicio de una lógica peligrosa

La historia reciente de América Latina muestra que los grandes colapsos no comienzan con crisis visibles, sino con decisiones populares que parecen aisladas y bien intencionadas. En Venezuela, el deterioro no empezó con hiperinflación ni con escasez masiva, sino con una narrativa de justicia social que fue concentrando poder, debilitando instituciones y distorsionando los incentivos económicos.

Hugo Chávez llegó al poder por vía democrática y con amplio respaldo popular. Sus primeras medidas, entre ellas aumentos sostenidos del salario mínimo y del gasto social, fueron celebradas como reivindicaciones históricas. Durante años, los altos ingresos petroleros ocultaron los costos reales de esas decisiones. Pero al mismo tiempo, se iba construyendo una nueva relación entre el Estado, la economía y el poder político.

El salario mínimo y el uso electoral del ingreso

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha convertido el salario mínimo en uno de los principales símbolos de su proyecto político. Los incrementos consecutivos y elevados, especialmente el decretado cerca de periodos electorales, generan una preocupación que va más allá de la inflación o la productividad.

Cuando un aumento salarial se anuncia a las puertas de elecciones, deja de ser una política laboral y se transforma en una herramienta electoral. El mensaje implícito es que el bienestar inmediato depende de la continuidad del proyecto político. Esto crea un incentivo perverso: se prioriza el impacto político de corto plazo sobre la sostenibilidad económica de largo plazo.

En Venezuela, este patrón se repitió durante años. Los aumentos salariales se anunciaban con actos públicos, cadenas nacionales y celebraciones políticas, incluso cuando la inflación ya los hacía irrelevantes en cuestión de semanas. El salario mínimo dejó de ser un instrumento económico y pasó a ser un símbolo de lealtad política.

Infraestructura, concesiones y el poder discrecional

La intención del gobierno Petro de terminar o redefinir el modelo de concesiones viales introduce otro elemento crítico. Las concesiones no solo son un mecanismo de inversión, sino también un sistema de reglas claras y contratos de largo plazo que limitan la discrecionalidad política.

Cuando el Estado decide romper o debilitar esos contratos, se abre espacio para decisiones discrecionales. En lugar de reglas estables, aparecen renegociaciones, asignaciones directas, cambios contractuales y excepciones. Este entorno es especialmente fértil para la corrupción, porque el acceso a los proyectos deja de depender de competencia abierta y pasa a depender de cercanía política.

En Venezuela, el desmontaje de concesiones y la estatización de sectores estratégicos tuvo un efecto inmediato: quienes estaban cerca del poder comenzaron a controlar contratos, importaciones, obras y empresas públicas. Surgió una nueva élite económica, conocida popularmente como la “boliburguesía”, que se enriqueció no por productividad, sino por acceso privilegiado al Estado.

Emergencias, decretos y corrupción institucionalizada

El riesgo se amplifica cuando el Ejecutivo recurre a estados de emergencia o decretos para saltarse al Congreso y reducir el control de las cortes. La urgencia concentra poder y reduce la supervisión. Cada vez que se gobierna por excepción, se debilitan los mecanismos de control fiscal, legislativo y judicial.

La experiencia venezolana es clara: las leyes habilitantes y los decretos de emergencia permitieron al Ejecutivo adjudicar contratos, modificar reglas y manejar recursos sin controles efectivos. Esto no solo debilitó la democracia, sino que creó un ecosistema ideal para la corrupción estructural. El enriquecimiento de funcionarios y aliados del régimen fue una consecuencia directa de la concentración de poder y la ausencia de contrapesos.

La corrupción en ese contexto no fue un accidente, sino un subproducto del modelo. Cuando el Estado controla más sectores, decide más contratos y reduce la vigilancia institucional, quienes están cerca del poder tienen ventajas económicas enormes frente al resto de la sociedad.

El círculo vicioso del poder y el dinero

Este tipo de modelo genera un círculo vicioso. El poder político permite acceso privilegiado a contratos y recursos. Ese acceso genera riqueza para los cercanos al gobierno. Esa riqueza, a su vez, se utiliza para sostener el poder político mediante financiamiento, propaganda y redes de lealtad.

En Venezuela, este proceso fue evidente. Mientras la mayoría de la población se empobrecía, un grupo reducido ligado al poder acumulaba fortunas, muchas veces fuera del país. El discurso seguía siendo de justicia social, pero la realidad era una transferencia masiva de recursos hacia una nueva élite gobernante.

Un patrón que la historia ya mostró

Colombia aún no está en ese escenario. Pero los patrones importan. Aumentos salariales con fines políticos, debilitamiento de contratos, concentración de decisiones en el Ejecutivo, choques con las cortes y el Congreso, y uso de la urgencia como método de gobierno son señales que, combinadas, crean las condiciones para mayor corrupción.

La corrupción no surge solo por falta de ética individual, sino por estructuras que la facilitan. Cuando las reglas se vuelven flexibles para el poder y rígidas para los demás, cuando la cercanía al gobierno vale más que la competencia, el resultado es predecible.

Memoria histórica antes que fatalismo

La comparación con Venezuela no busca afirmar que Colombia ya esté condenada. Busca recordar que los procesos de deterioro no se reconocen cuando empiezan, sino cuando ya es tarde. En Venezuela, muchos celebraron las primeras decisiones porque parecían beneficiar al pueblo. Años después, el costo fue pagado por toda la sociedad, mientras unos pocos cercanos al poder se enriquecieron.

Las democracias no se destruyen con una sola ley ni con un solo decreto. Se desgastan cuando el poder se concentra, los controles se relativizan y la política económica se convierte en instrumento electoral. Esa es la lección que dejó Venezuela. Ignorarla no es optimismo; es repetir la historia