Organización pidió ayuda a Petro por fallas en el esquema de protección de un líder social: “Profunda preocupación”

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) envió una carta urgente al presidente Gustavo Petro alertando sobre los peligros a los que se enfrenta un líder social con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Se trata de Jesús Antonio Álvarez, cuya vida e integridad están en serio peligro debido a presuntas deficiencias en su esquema de protección.

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“Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social — CORPADES, organización defensora de derechos humanos, nos dirigimos a usted con profunda preocupación, indignación y sentido de urgencia, para exponer los peligrosos protocolos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la continua negligencia de funcionarios públicos, empresas arrendadoras y aseguradoras, que mantienen a un líder social con esquema de protección estatal en riesgo de muerte”, afirmó.

Según la organización, el 23 de diciembre la UNP proporcionó a Álvarez un vehículo que, según la denuncia, no cumplía con los estándares de seguridad mínimos y tenía fallas técnicas, haciéndolo incapaz de circular. La situación se tornó crítica cuando, durante un recorrido en San Pedro de Urabá, el vehículo se averió, dejándolos en una zona de alto riesgo y poniendo en peligro tanto al líder social como a su acompañante de seguridad.

“Estaba en el municipio de Tierralta, Córdoba, una zona de alta complejidad debido al conflicto armado y la presencia de actores ilegales y, a pesar de contar con medidas de seguridad, ha reportado reiteradas fallas en su esquema que amenazan su vida”, explicó.

Corpades mencionó que, a pesar de las advertencias realizadas por el defensor de derechos humanos sobre la necesidad de cambiar el vehículo, la aseguradora, la empresa arrendadora y la UNP se negaron a brindar una solución. La organización apuntó directamente a un funcionario llamado Faider Garcés, quien presuntamente bloqueó alternativas urgentes, a pesar de que había recursos públicos disponibles para situaciones de este tipo.

La organización aseguró haber presentado quejas formales y solicitado ayuda a las instituciones locales y nacionales sin obtener respuesta. “La indiferencia institucional es extremadamente preocupante y revela una dura realidad: no parece importarles a ciertos sectores del Estado lo que le suceda a un líder social común”, comentó en la carta enviada al jefe de Estado.

En la misiva, también acusó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, al gestor Jhapson Velasco Velasco, y al funcionario Garcés, de cualquier daño que pueda sufrir Álvarez o su familia. Además, interrogó al presidente: “Señor Presidente, ¿qué puede esperar un líder social en Colombia si el mismo Estado encargado de protegerlo lo deja a su suerte? ¿Cómo hablar de garantías, paz total y defensa de la vida, cuando los esquemas de protección se convierten en un factor adicional de riesgo?”

Ante esta situación, la organización demandó del Gobierno nacional una intervención directa para asegurar una solución para el líder social, el reemplazo del vehículo de seguridad que presenta fallas, el establecimiento de protocolos de contingencia, una auditoría completa de los contratos de vehículos de la UNP, y la apertura de investigaciones disciplinarias y penales contra los responsables indicados.

“Señor Presidente, la vida de un líder social y su familia depende de decisiones políticas inminentes. Le imploramos, por la urgencia de la situación, salvar la vida de Jesús Antonio Álvarez, antes de que la negligencia del Estado concluya en una tragedia irreversible. La impunidad y la indiferencia en la UNP no pueden seguir costando vidas”, concluyó.