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El presidente Gustavo Petro convocó el 30 de enero de 2026 a los altos mandos de la Policía Nacional en una reunión de emergencia con el fin de implementar acciones concretas contra la compra de votos en el país. La instrucción fue dada durante su agenda en La Guajira, donde insistió en que exigirá el cumplimiento de esta orden en la reunión presencial, en su rol como comandante supremo de la Fuerza Pública de Colombia, de acuerdo con la Constitución Política de 1991.
“Como comandante supremo de la fuerza pública […]. Quiero ordenar nuevamente a la Policía que se realice una reunión de generales y comandantes de distrito y región de la Policía de Colombia. Ante el presidente de Colombia, deben recibir una orden personal mía como comandante supremo, como lo establece la Constitución”, indicó.
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El presidente también destacó que se analizarán medidas para enfrentar la compra de votos relacionada con grupos criminales y mafiosos en el país, donde la violencia y la coerción se utilizan para forzar a los ciudadanos a votar por políticos que actúan en interés de otras facciones de poder, en lugar de representar sus ideales.
“El verdadero propietario del territorio, sea quien sea, no es la gente que vive allí… es quien posee las armas, ya sean legales o ilegales. Quien controla a una población a través de la fuerza es un dictador. Esto no es democracia”, advirtió, aludiendo a las disparidades en el sistema político en distintas regiones del país.
Petro continuó: “Eso no es poder popular, ni lo que algunos llaman gobierno popular. Todo comienza aquí, en el entorno local donde se vive; todos tenemos, quizás yo, un espacio local que consideramos nuestro. A menudo se piensa que hay que ir a otro lugar para tener una vida mejor; debemos transformar este lugar”.
El mandatario también hizo hincapié en la relación existente entre el lavado de dinero y la compra de votos: “El que lava dólares es el mismo que recibe dinero para comprar votos,” afirmó, al referirse a las estructuras que callan el delito electoral. Petro advirtió que esta dinámica “muestra una forma de ejercicio del poder” que denomina “poder mafioso”.
Por consiguiente, intruyó a la Policía Nacional a “perseguir hasta el último rincón del país a los compradores de votos y a aquellos que los silencian; son los mismos.”
Durante su discurso, el presidente defendió el desempeño económico de su administración, resaltando una considerable reducción del desempleo en Colombia y la implementación de políticas salariales que, según él, favorecen la equidad económica y la justicia laboral para sectores tradicionalmente marginados.
De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo en diciembre de 2025 fue del 8,0%, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando la cifra fue del 9,1%. Esta variación permitió que la ocupación laboral alcanzara el 59,2%, ligeramente superior al 58,5% registrado en diciembre de 2024.
El mandatario argumentó que estos logros han beneficiado especialmente a mujeres y jóvenes, indicando que el aumento del acceso al trabajo ayuda a reducir desigualdades y consolidar la base económica del país. Petro también mencionó el aumento del salario mínimo al 23,7%, fijándolo en $2.000.000 (con un salario base de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095).
En su análisis, rechazó las declaraciones que califican su gestión como la peor en la historia del país y consideró injustas las críticas sobre supuestos despilfarros y malas administraciones de recursos públicos. En sus propias palabras: “El trabajo es la base de la riqueza. Es un hecho que nunca en la historia de Colombia hemos tenido tan buenos resultados económicos, y muchos datos lo respaldan, incluyendo los del siglo en el que estamos viviendo.” Agregó: “Por lo tanto, no es cierto que este es el peor Gobierno o que soy el peor presidente, ¿cómo pueden pensarlo?”.
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