Colombia
Por qué el Ministerio del Trabajo no se ha pronunciado sobre los despidos masivos en el Dapre y la Cancillería
El reciente despido de más de 80 funcionarios en la Cancillería y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha reavivado el debate sobre la función y competencias del Ministerio del Trabajo en la supervisión de desvinculaciones en el sector público.
Estas medidas se llevaron a cabo justo antes de que entre en vigor la Ley de Garantías, lo que ha generado inquietud en diversos sectores sobre las posibles motivaciones y repercusiones futuras de esas decisiones, especialmente en el marco de los próximos procesos electorales.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El sindicato Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) ha señalado que en la Cancillería, las recientes desvinculaciones corresponden a un “número significativo” de empleados, incluyendo personas con entre 18 y 30 años de experiencia.
Ana María Moreno, presidenta de Unidiplo, subrayó: “Funcionarios de carrera, algunos con hasta 15 años de servicio, nos comentan que nunca habían presenciado una ola tan considerable en tan poco tiempo”.
El sindicato cuestionó la falta de un plan de contingencia y fundamentos técnicos comunicados por la Cancillería tras las desvinculaciones, manifestando su inquietud por la temporalidad de estas decisiones, que coinciden con el inicio del año electoral y la futura aplicación de la Ley de Garantías.
Los despidos también han causado revuelo en el Dapre, donde al menos 30 funcionarios fueron declarados insubsistentes el lunes 26 de enero, un par de días antes de que se haga efectiva la regulación que prohíbe la movilidad laboral en el sector público durante el periodo pre-electoral.
Según las cifras del sindicato, la Cancillería cuenta actualmente con 620 cargos de libre nombramiento y remoción, 252 de carrera administrativa y 866 de carrera diplomática y consular, pero se han registrado al menos 52 desvinculaciones en semanas recientes, incluyendo varias personas con extensa trayectoria profesional.
La naturaleza abrupta de estos despidos, junto con su proximidad a fechas clave, ha suscitado inquietudes sobre un posible uso político de los cargos públicos.
Iván Jiménez, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, analizó que estas desvinculaciones podrían deberse a un ajuste premeditado en la plantilla de personal, buscando realizar nombramientos provisionales antes de que la Ley de Garantías restrinja cualquier incorporación o salida. En sus palabras, esto “puede generar sospechas claras de fines electorales”.
