Red de Veedurías denunció aparentes irregularidades en la contratación del alumbrado público de Cali, que está en su segunda fase

En lo que parece ser un nuevo episodio de un asunto ampliamente monitoreado, la Red de Veedurías de Colombia ha señalado posibles irregularidades en la segunda fase de la contratación del alumbrado público de Cali (Valle del Cauca). La organización, encabezada por Pablo Bustos, destacó la falta de transparencia en el proceso dirigido por Emcali y la Unidad Estratégica de Negocios de Energía, bajo la dirección de José David Insuasti Avendaño.

Entre los principales riesgos indicados en este ejercicio de veeduría destacan la falta de divulgación de documentos esenciales, la posible participación de empresas con problemas financieros y denuncias sobre reuniones privadas entre funcionarios y proponentes, lo cual podría poner en riesgo la integridad del proceso de contratación pública, según lo expuesto por Bustos, respecto a una inversión que superará los $400.000 millones.

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La Red de Veedurías afirmó que Emcali no ha publicado los estudios previos, análisis de riesgos, soportes financieros ni los criterios de evaluación exigidos por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Esta falta de publicación obstaculizó la verificación ciudadana y cuestionó la selección objetiva de los contratistas, dado que “la licitación debe ser transparente y debe garantizar igualdad de oportunidades y el respeto del recurso público”.

En el centro de las inquietudes se encuentran dos empresas: Iluminación Tecnológica del Caribe S.A.S. y Global Display Solutions Colombia (GDS). Un informe oficial presentado a Bustos sugiere que la primera de estas empresas enfrenta pérdidas continuas, patrimonio negativo y desequilibrios financieros que la hacen incompatible con los requisitos necesarios para un contrato de tal magnitud, donde se destinarán recursos significativos.

Por lo tanto, permitir que una empresa sin solvencia participe, enfatizó la red, podría socavar el principio de selección objetiva y resultar en responsabilidad disciplinaria, fiscal y administrativa para los funcionarios encargados, según ha reiterado el Consejo de Estado. Asimismo, GDS también exhibe un déficit financiero considerable, lo que intensifica las dudas sobre la capacidad de los posibles proponentes en este escándalo.

La situación, según Bustos, se complicó por denuncias relacionadas con reuniones privadas entre Insuasti Avendaño y representantes de empresas interesadas en la contratación, entre ellas GDS. Según la Red de Veedurías, estas reuniones habrían ocurrido al margen de los procedimientos institucionales y sin registros públicos; por lo tanto, de confirmarse que se realizaron sin actas, sin publicidad y con interacciones directas con posibles adjudicatarios, se configuraría una grave violación a los principios de transparencia y moralidad administrativa.

Asimismo, el veedor ciudadano enfatizó que esto podría constituir el delito de interés indebido en la celebración de contratos, estipulado en el artículo 409 del Código Penal. Por consiguiente, la red ha solicitado a GDS que aclare públicamente cuántas veces ingresó a Emcali, con qué funcionarios se reunió y qué temas se discutieron; con el propósito de eliminar cualquier duda sobre su participación en este mediático proceso, que suscita interrogantes.

En respuesta a estos hechos, la Red de Veedurías ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y anunció la ampliación de la acción judicial para incluir nuevas evidencias, como las presuntas reuniones privadas y la posible participación de empresas sin solidez financiera. El objetivo es que la Fiscalía investigue si hubo negociaciones indebidas, favoritismos o violaciones al régimen de contratación estatal.

Asimismo, exigió a Emcali la publicación inmediata de los estudios previos, el cronograma, las matrices de riesgo, actas internas, soportes de evaluación y toda la documentación necesaria para verificar que la estructuración de la segunda fase del alumbrado cumple con los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad administrativa. Por ello, subrayó que solo la apertura total de información y el cumplimiento de la normativa pueden proporcionar confianza.