Salario mínimo de 2026: las malas noticias que habrá si no hay acuerdo el 15 de diciembre y todo queda en manos de Petro

El lunes 15 de diciembre se cierra el primer plazo legal para que empresarios y trabajadores lleguen a un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo 2026 en Colombia. Si la mesa de diálogo no logra consensuar una cifra, el Gobierno podrá fijar el incremento mediante un decreto presidencial, un enfoque que ya se ha utilizado en años anteriores y que impacta a millones de trabajadores y empresas. El establecimiento de la nueva remuneración afecta a la economía, la inflación y la estabilidad social.

Las negociaciones de este año se desarrollan en un contexto de notable tensión. Las centrales sindicales, lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), reclaman un aumento del 16%, argumentando la necesidad de un ajuste que compense la pérdida de poder adquisitivo y mejore las condiciones laborales.

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Por otro lado, los gremios empresariales, incluidos la Andi, Asobancaria, SAC y Acopi, proponen un incremento del 7,21%, argumentando la necesidad de controlar la inflación y asegurar la sostenibilidad de las empresas. Al mismo tiempo, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, ha reiterado su deseo de lograr un consenso, aunque dentro del Ejecutivo hay quienes apoyan un aumento más considerable.

La ausencia de Fenalco en la mesa de concertación añade una capa adicional de conflicto. El gremio de comerciantes optó por no participar, alegando que la presentación anticipada del Gobierno, del 11%, vulneró el tripartismo y desnaturalizó el proceso. Esto intensificó las diferencias y dificultó alcanzar un acuerdo.

El presidente de la CUT, Fabio Arias, fue claro al señalar que este año “no habrá ni la más mínima posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el aumento del mínimo”.

La legislación colombiana tiene un procedimiento definido en caso de que la mesa no alcance un acuerdo antes del 15 de diciembre. Del 16 al 18 de diciembre, cada parte —Gobierno, empresarios y centrales obreras— debe presentar por escrito sus observaciones, es decir, los argumentos detrás de sus propuestas y las razones de la falta de consenso.

Estos documentos servirán como base técnica y legal para la próxima etapa.

Entre el 19 y el 29 de diciembre, la mesa entra en un período extraordinario de negociación. Durante esos diez días, se pueden realizar sesiones adicionales con el fin de acercar posiciones. Si al finalizar este período no se alcanza un número acordado, la responsabilidad de establecer el salario mínimo recaerá en el presidente de la República, quien deberá expedir el decreto correspondiente a más tardar el 30 de diciembre. El mecanismo busca asegurar que el nuevo salario entre en efecto el 1 de enero del año siguiente.

La falta de acuerdo en la mesa de concertación tiene consecuencias que trascienden la cifra final del salario mínimo.

Una decisión unilateral del Gobierno podría aumentar la polarización entre sindicatos y empresarios, debilitando la confianza en el proceso de diálogo y generando reacciones políticas y económicas. Los empresarios han expresado su preocupación acerca de incrementos que no estén respaldados por la productividad o la capacidad de pago, mientras que los sindicatos consideran insuficientes las propuestas del sector privado.

La falta de consenso también puede afectar la percepción de legitimidad del proceso, provocando tensiones sociales, especialmente si el aumento decretado no satisface las expectativas de alguno de los sectores involucrados.

Un grupo de 115 expertos advirtió sobre los peligros de aplicar aumentos que sobrepasen la inflación y la productividad. En una carta dirigida a los negociadores, señalaron que “un salario mínimo sólido y sostenible es crucial, pero los incrementos superiores a la inflación y a la productividad generan efectos negativos: mayor informalidad y presiones inflacionarias.”

Asimismo, los especialistas subrayan la importancia de una concertación responsable y fundamentada en criterios técnicos, para evitar que los trabajadores con menores ingresos sean los más perjudicados por posibles distorsiones en el mercado laboral.

La fijación del salario mínimo por decreto no es una novedad en Colombia. En los últimos 25 años, este mecanismo ha sido utilizado en múltiples ocasiones cuando no se logró consenso en la mesa de concertación. Algunos de los años en los que se estableció incrementos de manera unilateral incluyen:

• 2000: 10% (Andrés Pastrana).
• 2001: 9% (Andrés Pastrana).
• 2002: 7% (Andrés Pastrana).
• 2004: 7% (Álvaro Uribe).
• 2005: 6,5% (Álvaro Uribe).
• 2006: 6% (Álvaro Uribe).
• 2008: 6,4% (Álvaro Uribe).
• 2009: 7,7% (Álvaro Uribe).
• 2010: 3,6% (Álvaro Uribe).
• 2011: 4% (Juan Manuel Santos).
• 2015: 4,6% (Juan Manuel Santos).
• 2016: 7% (Juan Manuel Santos).
• 2020: 6% (Iván Duque).
• 2021: 3,5% (Iván Duque).

Durante la administración de Gustavo Petro, también se decretaron aumentos de forma unilateral:

• 2023: 16%.
• 2024: 12%.
• 2025: 9,54%.

Este último ajuste situó el salario mínimo mensual en $1.423.500, con un auxilio de transporte de $200.000, para un total de $1.623.500.