Sancionan al gobernador de Santander por no reemplazar peligrosa tarabita que pone en riesgo a niños en Mogotes

Un juzgado de Bucaramanga ha impuesto una severa sanción económica al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y a otros funcionarios, debido a su inacción ante una situación crítica que pone en peligro la vida de niños y familias en la región de Mogotes.

Este fallo se basa en la falta de sustitución de una tarabita artesanal sobre el río Chicamocha, que los estudiantes y residentes utilizan para viajar hacia el municipio de Molagavita.

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El documento emitido por el juzgado indica que los sancionados incluyen a Juvenal Díaz, el Gobernador del departamento; Jhon Jairo González, director del Invías; Carlos Carrillo, director de la UNGRD; y Jesica Mendoza, secretaria de Infraestructura de Santander, así como los alcaldes de Molagavita y Mogotes.

Según la resolución, cada funcionario será responsable de pagar treinta (30) salarios mínimos legales vigentes, o, si no lo hacen, cumplir tres meses de arresto. Además, el tribunal ordenó remitir copias de este caso a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que inicien las investigaciones disciplinarias y fiscales pertinentes.

Esta medida fue tomada tras una acción popular presentada por Marco Antonio Velásquez, quien denunció que los niños del municipio de Mogotes se exponen a peligros constantemente al usar un sistema de transporte precario y arriesgado.

La tarabita es un antiguo sistema artesanal que consiste en una canasta que se desliza por un cable para cruzar ríos o barrancos. En la vereda Palmas de Felisco, es el único mecanismo de transporte disponible desde que un puente colapsó hace seis años.

Como comentó un residente a Caracol Noticias: “Es una cuerdita muy, muy pequeñita, el río es muy caudaloso. Por misericordia del señor, no ha llegado la gente aquí, porque ustedes verán cómo van a pasar…”

La comunidad utiliza esta tarabita para asistir a clases, trabajar o vender productos, pero las condiciones del sistema son peligrosas debido a la falta de mantenimiento y supervisión por parte de las autoridades.

Voces de la comunidad han expresado que ha habido incumplimientos históricos en cuanto a lo prometido: “Hace más de tres años nos dijeron que construirían un puente en esta vereda, pero solo han hecho visitas sin concretar nada”, denunció un vecino.

En 2019, ante la crisis, se presentó una acción popular para asegurar el transporte seguro de seis estudiantes que deben viajar de Mogotes a Molagavita. No obstante, solo tres de ellos están matriculados en una aula provisional en Mogotes, con un maestro asignado.

A pesar de haberse ordenado un mantenimiento temporal de la tarabita, este año se registraron dos incidentes menores que afortunadamente no causaron muertes. La decisión judicial de 2024 había demandado la construcción de un puente seguro, pero una solución global aún no se ha implementado.

La Secretaría de Infraestructura de Santander ha indicado que no dispone de suficientes recursos para realizar una obra definitiva. Los estudios y diseños evaluaron un costo de trece mil millones de pesos, que supera la capacidad actual del departamento.

Mientras tanto, los funcionarios sancionados enfrentan la obligación legal de acatar la resolución del tribunal, que prioriza la seguridad de los niños y de toda la comunidad. Esta acción está orientada a generar responsabilidad en las autoridades y evitar que situaciones similares pongan en peligro vidas humanas.

Por ahora, los residentes continúan arriesgando sus vidas a diario para realizar sus actividades cotidianas, cruzando un río caudaloso utilizando un medio improvisado y peligroso. Las voces de la comunidad enfatizan que, sin un puente seguro, su vulnerabilidad sigue siendo crítica.

Como lo expresó un veedor local: “La gente sigue cruzando el río Chicamocha con la tarabita porque no hay alternativa. Mientras tanto, las autoridades siguen sin proporcionar una solución definitiva.”

La sanción del juzgado no solo busca castigar el incumplimiento, sino también ejercer presión sobre las autoridades para que implementen medidas efectivas y aseguren la protección de la comunidad en Mogotes y Molagavita.