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La jubilación representa para millones de personas el fruto de años de labor, dedicación y contribuciones al sistema de seguridad social. Para numerosos ancianos, este apoyo financiero es su único ingreso mensual y, por lo tanto, un elemento esencial para preservar su calidad de vida en la fase de retiro laboral.
Por consiguiente, la normativa colombiana ha implementado robustas salvaguardias legales para impedir que las jubilaciones sean embargadas de manera arbitraria.
No obstante, como en muchos otros ámbitos del derecho, existen excepciones claramente definidas por la ley que permiten que una jubilación pueda ser embargada de manera parcial y bajo ciertas circunstancias.
Una jubilación en Colombia puede ser embargada, tiene restricciones y procedimientos que seguir si un pensionado se ve involucrado en un proceso de este tipo.
Pensionados tendrían cómo actuar en esta eventualidad. Foto:iStock/Archivo El Tiempo
Ludwing Patiño, especialista en Derecho Laboral de la firma Scola Abogados, aclaró que las jubilaciones son consideradas inembargables por norma general. Así lo decretó el artículo 134 de la Ley 100 de 1993, que resguarda este ingreso de cualquier intento de retención judicial.
Sin embargo, la misma normativa prevé dos excepciones cruciales en las que sí es factible que una jubilación sea embargada:
- Por responsabilidades alimentarias, es decir, deudas relativas al suministro de alimentos a personas con derecho a recibirlos, como cónyuges, hijos, padres u otros parientes dependientes, de acuerdo con el Código Civil colombiano.
- Por deudas con cooperativas que estén legalmente autorizadas para operar.
“Las jubilaciones y demás beneficios que reconoce esta Ley, cualquiera que sea su cuantía, salvo que se trate de embargos por pensiones alimenticias o créditos a favor de cooperativas, son inembargables”, subrayó el abogado.
Imagen de referencia sobre jubilados. Foto:Jaiver Nieto. EL TIEMPO
A pesar de estas excepciones, la ley también establece un límite claro al monto que se puede embargar. De acuerdo con el artículo 344 del Código Sustantivo del Trabajo, el embargo o retención no puede exceder el 50 por ciento del total de la jubilación.
“Son inembargables las prestaciones sociales, cualquiera que sea su cuantía. Exceptúense los créditos a favor de cooperativas legalmente autorizadas y los provenientes de pensiones alimenticias, pero el monto del embargo no puede sobrepasar el cincuenta por ciento (50 por ciento) del valor de la prestación respectiva”, indica el texto.
Tenga en cuenta que el embargo es una acción judicial que se ejecuta para asegurar el cumplimiento de una deuda.
“Cuando un pensionado incurre en una deuda, está obligado a saldarlas según lo pactado. Si no lo hace, pueden activarse consecuencias como el embargo de su mesada”, expuso.
Entre las sugerencias en medio del proceso está el no desestimar el problema y analizar la situación, la magnitud de la deuda y las alternativas de pago.
El afectado debe mantener la comunicación con el acreedor. Ya sea una cooperativa o el beneficiario de alimentos, en numerosos casos es factible alcanzar acuerdos de pago extrajudiciales.
Al buscar asesoría legal especializada, se debe contactar a un abogado que pueda ayudar a defender los derechos del pensionado y, en algunos casos, detener o mitigar el embargo.
Es posible frenar un proceso de embargo si se actúa con rapidez y se presentan las pruebas adecuadas ante el juez correspondiente. También es viable negociar un acuerdo de pago que suspenda el proceso judicial. En cualquier circunstancia, la recomendación de los expertos es buscar asistencia legal tan pronto como se reciba una notificación oficial.
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