Economia
Transporte, vivienda y servicios en las alzas del 2026

El incremento en las tarifas del transporte público será uno de los primeros ajustes que sentirán los hogares en 2026. En Bogotá, la tarifa unificada del Sistema Integrado de Transporte Público subiría a 3.550 pesos, un aumento de 350 pesos equivalente a 10,9 por ciento, mientras que en Manizales los pasajes de bus, microbús y cable aéreo aumentarán 350 pesos, con variaciones entre 11,7 y 13,2 por ciento. En ambos casos, las autoridades locales explicaron que el ajuste responde al aumento del salario mínimo y a mayores costos de operación, marcando el inicio de una cadena de alzas que se extenderá a vivienda, servicios y trámites indexados al salario mínimo.
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El ajuste también impacta a los aportes de aprendices al Sena; multas de tránsito y administrativas; servicios de peluquería, cuidado personal y cuidado infantil; mantenimiento y reparaciones automotrices; vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP); servicios domésticos; tarifas notariales; exámenes de laboratorio; servicios médicos auxiliares; matrículas educativas privadas; consultas médicas; lavandería y planchado; y pasajes intermunicipales.
En educación no formal como las academias, cursos, jardines infantiles y otros servicios privados por fuera del sistema escolar, el incremento del salario mínimo puede presionar matrículas y mensualidades, en la medida en que los centros deban cubrir mayores gastos en nómina.
En los conjuntos cerrados la administración de las copropiedades, la vigilancia, aseo y mantenimiento reciben el impacto del incremento.
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Ante el alza de precios de diferentes bienes y servicios por el incremento, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno está alistando un decreto que contendrá medidas para frenar presiones, además de estudiar medidas como el control de precios.
En el caso de la vivienda de interés social y de interés prioritario, los precios máximos de este tipo de inmuebles están definidos en salarios mínimos. Esto no significa que todas las viviendas de estas categorías se encarezcan de inmediato, pero sí implica que el techo legal al que se le pueden venderse aumenta con el alza.
En esos casos es habitual que algunos contratos de compraventa no fijen un precio en pesos desde el inicio, sino que establezcan que el valor final del inmueble será el equivalente, al momento de la entrega, a un número determinado de salarios mínimos y por ende un mayor valor a pagar, incluso si la vivienda se separó meses atrás. El mismo efecto ocurre con los subsidios de vivienda por parte de las cajas de compensación, pues se calculan igual.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) indicó que el incremento del salario mínimo decretado para 2026 podría elevar hasta en 10 por ciento el precio de la vivienda, pues en un sector intensivo en mano de obra, el aumento salarial eleva costos directos a cerca del 25 por ciento del total y genera efectos indirectos en insumos, transporte y servicios. Camacol estimó un impacto agregado cercano al 4 por ciento en los costos totales de construcción.
Subsidio de vivienda en 2026 Foto:iStock
En conjuntos residenciales, la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) advirtió que el aumento del salario mínimo y los cambios en la jornada laboral elevarán de forma significativa el costo de la vigilancia privada.
El gremio señaló que el incremento acumulado para los usuarios superará el 30 por ciento en seis meses, por el aumento del 23 por ciento del mínimo, un 7 por ciento adicional por la reducción de la jornada de 46 a 42 horas y la ampliación del horario nocturno. El costo de un servicio de vigilancia con tres turnos de 24 horas cerró 2025 en aproximadamente 19’304.355 pesos mensuales, antes de aplicar el nuevo ajuste.
Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, advirtió que con el incremento del 23 por ciento “existe una alta probabilidad de que algunos usuarios busquen alternativas más económicas en la ilegalidad”.
Nora Pabón Gómez, abogada asesora en derecho inmobiliario y propiedad horizontal, explicó que el salario mínimo es la referencia del reglamento de copropiedad y su incremento tiene efectos automáticos en las cuotas.
“Al tener que disminuir la seguridad, la tranquilidad y el aseo de las zonas comunes porque no se alcanzan a cubrir los valores, también empeoran las condiciones de vida de las personas”, señaló, y advirtió que el impacto se extiende a arriendos, dado que en algunos casos los arrendatarios son solidarios en el pago de la administración de los inmuebles.
Los empleados domésticos son impactados. Foto:iStock
En el caso del trabajo doméstico, Salua García Fakih, fundadora y CEO de Symplifica, indicó que inicialmente el impacto se ha dado en las consultas para pasar a las trabajadoras a menos días laborales.
“La reducción del empleo de tiempo completo, una mayor contratación por días y la fragmentación del empleo son algunos impactos”.
Andrea Londoño, directora de la Fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, explicó la reducción del empleo formal en el sector ante la persistencia de la informalidad del 80 por ciento. “Vemos una disminución del trabajo doméstico permanente, reemplazado por trabajo ‘por días’ y aumento en la cantidad de tareas”, dijo
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