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La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó el Decreto 1197 de 2025, la medida que redujo a 0 por ciento el arancel para 10 subpartidas de hilados sintéticos y de algodón provenientes de países sin acuerdo comercial con Colombia. La decisión fue cuestionada por hilanderos, confeccionistas, algodoneros y gremios que consideran que el beneficio abrirá las puertas a competidores de Asia en detrimento de la producción local.
Morales respondió con firmeza, “la medida evita un colapso productivo. No es un golpe a la industria, es un salvavidas para sostenerla en un momento de alto costo y escasez de insumos”.
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Según la ministra, la decisión se tomó tras meses de alertas de pequeños y medianos confeccionistas que enfrentan, desabastecimiento de insumos, sobreprecios en fibras básicas,
retrasos en entregas internacionales, y “una mayor presión de producto terminado importado a precios muy bajos“.
El Sistema Moda, recordó la ministra, emplea a más de 1,5 millones de personas, en su mayoría mujeres y hogares de ingresos medios y bajos. “No podíamos ignorar un riesgo de quiebra para cientos de talleres. El arancel cero estabiliza la producción y protege empleos reales”, afirmó.
Adicionalmente, dijo que el sector está compuesto por más de 70.000 empresas a lo largo del territorio nacional, “en su gran mayoría Mipymes y unidades de la economía popular, por lo que la política arancelaria actual democratiza el crecimiento económico y asegura la protección a los pequeños y medianos productores”, dijo.
Los gremios han advertido que la medida favorece a productores de China, Turquía, India, Camboya o Vietnam. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que la reducción arancelaria “entrega el mercado nacional” a esos países y que pueden desaparecer más de 8.000 empleos por la afectación a las hilanderías locales.
Morales fue categórica, “el decreto es temporal, focalizado y no cambia las reglas de origen del TLC. No estamos sustituyendo producción nacional: estamos corrigiendo un desabastecimiento que ya existía”.
Según expuso la ministra la falta de producción nacional de fibra y de hilos impone un doble costo al sector confeccionista colombiano y compromete su competitividad internacional.
Según la ministra, la estrategia del Gobierno está dirigida a corregir esta histórica asimetría, apoyando la cadena completa de valor para asegurar el beneficio arancelario completo y consolidar la industria de confecciones, lo cual, a su vez, genera una demanda interna vital para el resurgimiento del sector algodonero.
“Esto implica un costo arancelario al importar los hilos y, posteriormente, un segundo costo al exportar las prendas, que entran al mercado estadounidense sin preferencias”, detalló.
cultivos de algodón en Mato Grosso. Foto:Scheffer
El TLC no está en riesgo
Una de las alertas más fuertes del decreto provino de AmCham Colombia, que señaló que el uso de hilados importados desde países sin TLC podría convertir a las prendas exportadas hacia Estados Unidos en bienes sin preferencia, elevando los aranceles hasta 28,3 por ciento.
La ministra apuntó que “el decreto no toca el TLC, no altera reglas de origen y no elimina beneficios. La industria sabe usar insumos para mercado interno y otros para mercados externos. La medida no obliga a nadie a usar hilados sin origen para exportación”.
Además aseguró que actualmente, “aproximadamente el 32 por ciento de nuestras exportaciones de prendas al mercado de Estados Unidos no obtiene las preferencias arancelarias del TLC, justamente porque no se cumplen las normas de origen al tener que importar los hilos que no se consiguen en el mercado nacional”.
Morales dijo que el Gobierno seguirá trabajando con el sector para fortalecer la capacidad exportadora y revisar, junto con Cancillería y MinComercio, mecanismos para proteger el uso estratégico de insumos originarios.
Productores de algodón han señalado que la medida reducirá la demanda de fibra local, afectará cultivos y profundizará la dependencia externa.
Morales respondió que la crisis algodonera viene de años atrás, por, las caídas de área sembrada, los precios internacionales volátiles, la baja productividad, una ausencia de una cadena integrada y la competencia histórica con fibras sintéticas y mezclas.
“El algodón colombiano no desaparece por un arancel temporal. Al contrario, estamos construyendo un plan de fortalecimiento productivo, créditos, asistencia técnica e incentivos para recuperar área sembrada y modernizar la cadena de hilandería”, aseguró.
Shein y Temu. Foto:X: @diario24horas
La ministra fue enfática al señalar que los problemas del sector no provienen de los insumos, sino del ingreso masivo de productos terminados de bajo valor por plataformas internacionales.
“Ahí está el verdadero desafío del Sistema Moda. No en los hilos. Las prendas baratas destruyen el empleo local. Por eso actuamos con firmeza”, dijo.
Morales apuntó que ese es un desafío que se está abordando, y que a menudo se subestima, “es el uso de la triangulación y el fraccionamiento de envíos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Plataformas digitales como TEMU o Shein explotan estos mecanismos para introducir mercancía a precios artificialmente bajos”, agregó.
La ministra dijo que es oportuno que los empresarios reclamen una política industrial seria y coherente, “pues esta es una demanda histórica que se ha prolongado por cerca de 30 años, y es este el único gobierno en tres décadas que los ha escuchado y actúa en consecuencia”.
Morales argumentó que el objetivo es que Colombia confeccione más, emplee más y compita mejor. “Este gobierno diseñó e implementó la política de reindustrialización, trabajando de manera articulada con sectores fundamentales de la producción. En este marco, se creó el Certificado de Reembolso Tributario (CERT), el único instrumento en la historia de Colombia para incentivar exportaciones industriales y servicios basados en conocimiento. Ha sido en nuestro gobierno que se montaron dos nuevas líneas de producción automotriz, una de automóviles y otra de buses. Este año tuvimos la botadura de tres embarcaciones, fabricadas en Colombia, además por una empresa del Estado”.
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