Mario Hernández arremetió contra el impuesto al patrimonio del 5% de Petro y lo calificó como “un asalto”

El empresario colombiano Mario Hernández emitió una fuerte crítica contra el reciente impuesto al patrimonio del 5% propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, describiendo la medida como “un asalto”.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Hernández cuestionó los efectos del gravamen sobre los grandes patrimonios y alertó sobre las posibles repercusiones económicas y legales que podría acarrear su aplicación.

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Hernández, conocido por fundar la marca de marroquinería que lleva su nombre y quien ha manifestado su deseo de postularse al Senado por el partido Centro Democrático, se une así a las voces del sector empresarial que descalifican el decreto emitido por el Ejecutivo tras la declaración de emergencia económica.

Para el empresario, el aumento del impuesto se percibe como una señal negativa para la inversión, intensificando la sensación de inseguridad jurídica en el país.

Este nuevo impuesto al patrimonio, establecido con una tasa máxima del 5%, tiene como objetivo financiar el gasto social y reducir el déficit fiscal, el cual, según estimaciones oficiales, podría alcanzar el 6,5% del PIB en 2026.

Sin embargo, la medida ha suscitado un intenso debate, tanto por su alcance como por los mecanismos que fueron utilizados para su implementación, tras las reservas expresadas por el Congreso.

Según datos citados por Bloomberg Línea, la tasa del 5% excede considerablemente el esquema previo de 1,5%, posicionando a Colombia como el país con la tasa efectiva más alta del mundo en este tipo de impuesto, superando a modelos en naciones europeas como Noruega, Suiza y España.

El decreto establece un sistema de cobro progresivo, comenzando desde patrimonios de 2.000 millones de pesos, con la tarifa más alta aplicable a fortunas que superen los 100.000 millones.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, indicó que el impuesto solo afectaría al 0,8% de los contribuyentes, es decir, aquellos que poseen los patrimonios más significativos del país.

Se estima que 105.332 personas estarían sujetas al impuesto, aunque solo 66 contribuirían con la tasa marginal máxima.

En un escenario de implementación completa, el Gobierno anticipa recaudar aproximadamente 4 billones de pesos para 2026, más del doble de la recaudación del año anterior.

El Ejecutivo ha defendido esta medida como una herramienta de justicia fiscal. El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, uno de los diseñadores de la reforma tributaria inicial de este Gobierno, afirmó que las grandes fortunas deben asumir una carga tributaria mayor, dado que las ganancias de capital suelen subestimarse.

En esa misma línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) ha señalado que los impuestos al patrimonio pueden contribuir a reducir la desigualdad, aunque ha recomendado fortalecer mecanismos complementarios.

Sin embargo, las críticas no se limitan al sector político de oposición. Analistas financieros y expertos en planificación patrimonial también han señalado las debilidades estructurales del impuesto.

Lucas Solano, vicepresidente de planificación patrimonial de Credicorp Capital en Colombia, comentó que hay una alta incertidumbre jurídica y que la Corte Constitucional podría anular el decreto una vez retome actividades. “Los clientes están muy preocupados”, enfatizó, al referirse al clima fiscal actual.

El riesgo de emigración fiscal también ha sido un punto importante en el debate. Analistas indican que muchos de los patrimonios más grandes del país ya no contribuyen en Colombia.

Casos como los de Jaime Gilinski, que reside en Panamá, o David Vélez, en Uruguay, son mencionados frecuentemente como ejemplos del impacto que este tipo de políticas podría tener sobre la salida de capitales. Incluso, personalidades como el futbolista Radamel Falcao García han ajustado su residencia fiscal para evadir el impuesto.

A pesar de las objeciones, el presidente Petro ha mantenido su postura a favor de la iniciativa, afirmando que los patrimonios radicados en Colombia deben tributar, independientemente de la residencia de sus propietarios.