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La controversia en torno a la propuesta de una asamblea nacional constituyente en Colombia se intensificó con la presentación de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. Esta acción busca anular la resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil que aprobó la inscripción del comité promotor encargado de recolectar firmas para la convocatoria.
Josías Fiesco, líder político y candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, lidera la iniciativa legal; él sostiene que la decisión del organismo electoral contradice tanto la Constitución como la ley vigente.
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“Defenderemos nuestra Constitución. Hemos presentado una demanda contra la resolución 1117 que emitió la Registraduría, permitiendo la recolección de firmas para una Asamblea Constituyente. No permitiremos que esto ocurra, ya que contradice lo establecido en el artículo 376 de la Constitución”, afirmó Fiesco.
Fiesco explicó que la convocatoria a una asamblea constituyente debe seguir procesos establecidos por la ley: “Para que se dé la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, debe existir una ley previa. Por eso hemos solicitado al Consejo de Estado medidas cautelares para detener cualquier intento de recolección de firmas o fondos, ya que esto va en contra de la norma”.
El líder político añadió que esta iniciativa presenta peligros políticos: “No permitiremos que el petrismo ni sus líderes, quienes han hecho acuerdos en prisión o se autodenominan gestores de paz, alteren la Constitución de Colombia. Tal como ocurrió en Venezuela y otros países, aquí en Colombia defenderemos la Constitución del 91”.
La demanda en el Consejo de Estado será analizada en los próximos días, y si es aceptada, podría suspender el inicio de la recolección de firmas en todo el país. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que su decisión habilitó la inscripción del comité promotor para dar impulso a la Asamblea Constituyente.
La entidad subrayó que el comité cumple con todos los requisitos establecidos y citó el artículo 40 de la Constitución, que otorga a los ciudadanos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
El documento señala que el 26 de diciembre de 2025, el Grupo de Mecanismos de Participación Ciudadana de la Registraduría recibió la solicitud de Armando Custodio Wouriyu, quien lidera la iniciativa. La resolución permite al comité comenzar la recolección de firmas en todo el país, con un plazo de seis meses y una meta mínima de más de dos millones de apoyos, correspondientes al 5% del censo electoral.
El comité promotor está compuesto por el líder de la iniciativa y otros miembros como Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez, Luis Alfredo Grimaldo Mejía, Javier Eduardo García Felizzola y José Luis Silva Maestre.
Aunque la Registraduría estableció un mínimo de dos millones de firmas, el Gobierno espera reunir cerca de 10 millones a nivel nacional. Esta discrepancia ha generado debates en diversos sectores políticos acerca de la viabilidad y el alcance real de la propuesta.
La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un fuerte rechazo por parte de la oposición y sectores independientes, quienes advierten que podría amenazar la estabilidad democrática al debilitar la separación de poderes y permitir una prolongada permanencia del Ejecutivo.
Además, se mencionan posibles irregularidades en el proceso, como la intención de eludir al Congreso y la Corte Constitucional, alertando sobre el riesgo de otorgar facultades extraordinarias al presidente para designar delegatarios, además de un afán por perpetuarse en el poder.
La oposición también ha señalado que esto puede ser una distracción frente a problemas urgentes del país, como la seguridad y la economía, y advierte que experiencias similares en la región han llevado a la polarización social y la inestabilidad económica.
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